Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 13 de noviembre del 2026.- Mientras el discurso oficial enarbola la meta de proteger el 30% del territorio nacional hacia el año 2030, la realidad plasmada en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 revela una profunda contradicción estructural. De acuerdo con un análisis de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), el Estado prioriza de manera drástica los combustibles fósiles: por cada peso destinado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se asignan 377 pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex).
A pesar de que el presupuesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) asciende a 5,508 millones de pesos —un incremento marginal de 1.46% en términos reales respecto a 2026—, dos de los programas más críticos para la gestión y restauración en el territorio sufren recortes severos.
El desglose presupuestal del PEF 2027 evidencia que el aumento general no se traduce en fortaleza operativa sobre el terreno:
- Conservación y Manejo de ANP (Programa V003): Contará con 388 millones de pesos, lo que representa una reducción del 10% en comparación con el presupuesto modificado de 2026 (41 millones de pesos menos).
- Articulación de la Política Ambiental (Programa P036): Operará con 128 millones de pesos, sufriendo una caída drástica del 30% frente a 2026 (55 millones de pesos menos).
Bajo este esquema, si se divide el presupuesto total de la Conanp entre las 98 millones de hectáreas protegidas que resguarda el país, la asignación promedio es de apenas 18.16 pesos por hectárea al año.
Uno de los puntos más críticos señalados por NOSSA es el manejo de los recursos autogenerados por el turismo en las reservas. Aunque en 2025 las cuotas de acceso alcanzaron una recaudación récord de 473.8 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retuvo el 53%, devolviendo a la Conanp únicamente el 47% (222.8 millones de pesos), un desplome frente al 94% devuelto en periodos anteriores.
A esto se suma que el 100% de los ingresos recaudados por permisos, concesiones y autorizaciones a prestadores de servicios turísticos (artículo 194-C de la Ley Federal de Derechos), que ascendieron a 8 millones de pesos en 2025, se quedan en las arcas federales sin obligación de retorno a las áreas naturales.
«Mientras en el papel los números se ajustan y los discursos prometen, en el territorio son las comunidades locales y los pocos guardaparques que quedan quienes están poniendo el cuerpo para cuidar lo que importa», advirtió Gina Ileana Chacón, directora de Políticas Públicas de Wildlands Network México e integrante de NOSSA.
La escasez presupuestal se traduce en una crisis de personal operativo. México cuenta actualmente con 717 guardaparques distribuidos en 141 de las 232 Áreas Naturales Protegidas, lo que deja a 91 reservas sin personal de vigilancia. Esta cifra representa menos del 1% de los 196,000 elementos recomendados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
En los casos extremos, el abandono financiero raya en la simulación: la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca operó con apenas 112 mil 295 pesos anuales, mientras que el Parque Nacional Revillagigedo —un territorio casi 100 veces más grande que la Ciudad de México— cuenta con solo dos personas asignadas para vigilar 14.8 millones de hectáreas.
Ante este escenario, la coalición NOSSA exige una reforma urgente a la Ley Federal de Derechos para garantizar que el 100% de los recursos generados por el turismo y los permisos se queden en las ANP, así como asegurar trazabilidad y transparencia en cumplimiento con los estándares del Acuerdo de Escazú.
