
Por: Sandra Carolina Dueñes Monárrez
Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre del 2026.- La historia oficial de este país suele escribirse con tinta fría, en los escritorios de las fiscalías, en los informes bilaterales y en los grandes titulares que reducen el dolor humano a estadísticas de macroeconomía criminal. Nos han enseñado a contar el narcotráfico en toneladas, en billones de dólares incautados y en cartuchos gastados. Pero rara vez nos detenemos a mirar los escombros que dejó el terremoto original: el día que se rompió el pacto silencioso de la política y el hampa, allá en febrero de 1985.
Con la reciente partida de Miguel Ángel Félix Gallardo —el llamado “Jefe de Jefes”—, y con los ecos lejanos de aquellos capos históricos como Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, el país cierra formalmente el capítulo de los patriarcas del Cártel de Guadalajara. Aquella organización, incubada al amparo de las complicidades institucionales y del poder político del Estado, no solo inauguró la ruta del trasiego masivo hacia Norteamérica; también fundó una escuela macabra cuyas aulas se extendieron por todo el territorio nacional.
Pero antes de convertirse en la hidra de mil cabezas que hoy desangra a México, el epicentro de esa fractura tuvo rostros, nombres y coordenadas muy específicas. El desmantelamiento del rancho El Búfalo en Chihuahua y el posterior secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena y del piloto Alfredo Zavala marcaron el punto de no retorno. Aquel crimen no solo desató una crisis diplomática; rompió el frágil equilibrio donde el crimen operaba bajo el control y la venia del poder político. Al decapitar a la cúpula y fragmentar la estructura centralizada, el Estado mexicano abrió una caja de Pandora.
Antropológicamente, el narcotráfico dejó de ser un negocio de cacicazgos regionales con códigos mafiosos tradicionales para convertirse en un sistema de dominación total, en una cultura de terror cotidiano que permeó las fibras más íntimas de la sociedad. La caída de los grandes capos no debilitó al monstruo: lo atomizó. Y en esa atomización, el costo más alto lo pagaron los sin nombre.
Han pasado más de tres décadas desde aquel febrero de 1985, y el saldo de esa guerra mal llamada contra las drogas se mide hoy en más de medio millón de vidas truncadas y en un abismo humanitario insondable: más de 135,000 personas desaparecidas que dejaron una silla vacía en miles de hogares mexicanos. Cada ficha de búsqueda, cada madre que escarba la tierra con sus propias manos buscando los restos de su hijo, es un recordatorio viviente de que el sismo originado en los ochenta sigue temblando bajo nuestros pies.
Aquel pasado no es una pieza de museo ni una serie de televisión romantizada; es la argamasa con la que se construyó la tragedia diaria que hoy respiramos. Mientras la clase política sigue disputándose el presupuesto y repartiendo discursos vacíos en tribunas alejadas de la realidad —simulando gobernar mientras las instituciones de salud colapsan y las carreteras se pudren en el abandono—, la sociedad civil carga con el peso de una descomposición estructural que nadie quiso detener a tiempo.
Félix Gallardo se ha ido, arrastrando sus 28 enfermedades y muriendo en el ocaso de un encierro que tardó demasiado en hacer justicia. Pero las estructuras que fundó siguen mutando, enquistadas en la economía y en la vida pública.
La gran pregunta que debemos hacernos a más de treinta años de distancia no es cuántos capos caen, sino cuánto tiempo más permitiremos que el país siga pagando los costos de aquella fractura original. La memoria no es solo para recordar a los fantasmas del pasado, sino para negarnos a normalizar el infierno en el que nos habituamos a vivir.






