
Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 19 de noviembre del 2026.- La batalla jurídica en torno al caso del consultor José Pedro López Elías ha dado un giro frontal hacia la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, institución a la que su defensa acusa de operar fuera del marco constitucional, incurrir en presunta falsedad de declaraciones ante jueces federales y resistirse a acatar resoluciones de amparo.
César Gutiérrez Priego, abogado defensor de López Elías, formalizó una denuncia ante el Ministerio Público Federal contra la representación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por el fiscal, Abelardo Valenzuela Holguíl, a quien advirió de posibles sanciones que van desde multas o destitución contra su titular, por presunto desacato judicial.
El eje de la acusación penal contra la Fiscalía Anticorrupción y su titular se desprende de la audiencia celebrada el 24 de agosto de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, en la cual un juez federal se declaró legalmente competente para conocer del caso derivado del refinanciamiento de la deuda pública estatal de 2019 —ratificando, según la defensa, una resolución previa emitida por un Tribunal Colegiado el 9 de enero de 2026.
De acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez Priego, durante ese procedimiento la Fiscalía Anticorrupción Chihuahua habría incurrido en falsedad de declaraciones frente a un juzgador, además de haber remitido registros incompletos y omitido informar a los órganos federales sobre la existencia de otros coimputados dentro de la carpeta.
«La representación de la Fiscalía Anticorrupción habría incurrido en falsedad de declaraciones frente a un juzgador, razón por la cual se presentó la denuncia correspondiente para que conozca de ellas el Ministerio Público Federal», sostuvo la defensa en su posicionamiento.
De forma paralela a la denuncia ante la Fiscalía General de la República, la defensa exhibió el vencimiento de los plazos establecidos dentro del juicio de amparo 547/2025, radicado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y notificado el 13 de noviembre de 2026.
Según detalló Gutiérrez Priego, dicha resolución federal ordenó al fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela Holguin y al área de comunicación social de la dependencia emitir una disculpa pública a favor de López Elías, realizar aclaraciones y retirar de plataformas digitales circulares o comunicados oficiales en los que se le señalaba por delitos como peculado, al acreditarse una violación a su derecho humano a la presunción de inocencia.
Ante la falta de cumplimiento reportada al cierre del plazo judicial, el litigante advirtió que el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua enfrenta el riesgo de multas e incluso de destitución por desacato, trazando un paralelismo con el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno y acusando que la institución ha sido instrumentalizada con fines políticos.
Uno de los efectos jurídicos más sensibles subrayados por la defensa radica en la invalidez de la orden de aprehensión girada en el fuero común contra López Elías. Al declararse la competencia federal sobre la causa penal 3050/2024, el abogado sostuvo que cualquier actuación posterior de las autoridades locales carece de sustento legal, dejando a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua impedida jurídicamente para ejecutar dicha captura en cualquier punto del territorio nacional.
En este contexto, la defensa cuestionó las prácticas previas del organismo anticorrupción estatal, señalando que en el pasado solicitó colaboraciones interestatales sin contar con convenios vigentes y utilizando de manera irregular a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como intermediaria, pese a que su Ley Orgánica no la faculta para gestionar colaboraciones en representación de un ente autónomo tercero. Por ello, los abogados notificaron formalmente a todas las fiscalías del país para advertirles que colaborar en la ejecución de una orden invalidada implicaría incurrir en responsabilidad legal.
El cuestionamiento al actuar de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se complementa con una denuncia administrativa interpuesta ante el Tribunal de Disciplina Judicial en contra del juez de Primera Instancia y de Control del Distrito Judicial Morelos, Humberto Chávez Allende, a quien la defensa atribuye falta al deber de lealtad y negativa a entregar el expediente al fuero federal pese a las resoluciones de incompetencia ya dictadas.
Desde 2023, José Pedro López Elías —quien participó como consultor especialista en finanzas públicas en el proceso de refinanciamiento de deuda de 2019— ha sostenido que el proceso en su contra responde a una persecución política y a presiones para incriminar a terceros, describiéndose a sí mismo como un «daño colateral» en la venganza política de la gobernadora María Eugenia Campos Galván contra el exgobernador Javier Corral Jurado.
Más allá del desenlace individual del imputado, las denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal, el Juzgado de Distrito y el Tribunal de Disciplina Judicial colocan bajo escrutinio público la autonomía, el rigor procesal y la legalidad con la que ha actuado la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en expedientes de alto perfil político. Hasta el momento, la dependencia encabezada por Abelardo Valenzuela Holguin no ha emitido una respuesta pública puntual sobre las denuncias penales y el señalamiento de desacato en su contra.







