Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 23 de mayo del 2026.- En un contexto de creciente tensión política, el regidor y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, lanzó un severo cuestionamiento hacia la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, exigiendo mayor transparencia y congruencia ante los recientes conflictos sociales y la crisis en el gabinete estatal.
González calificó como «inadmisibles» las recientes declaraciones de la mandataria estatal contra figuras nacionales de su partido, tachándolas de contrarias al respeto que debe prevalecer en la vida democrática.
El dirigente morenista fue más allá, al afirmar que los incidentes registrados el pasado fin de semana durante una manifestación ciudadana no fueron espontáneos. Según González, existió una «operación deliberada» para provocar violencia y obstaculizar el derecho a la libre expresión. En este sentido, presentó un señalamiento directo contra funcionarios de primer nivel, a quienes responsabilizó de orquestar estas acciones:
- Santiago De La Peña, Secretario General de Gobierno.
- Rafa Loera, Secretario de Desarrollo Humano.
- Mario Mata, Director de la Junta Central de Agua (JCAS).
- Alan Falomir, Director de la Junta Municipal de Agua (JMAS).
«La ciudadanía merece saber quién dio las instrucciones y quién operó esta estrategia para frenar una expresión legítima», sentenció el regidor, demandando una investigación clara sobre el uso del aparato gubernamental en estos hechos.
El posicionamiento de González también abarcó temas de seguridad nacional y estatal. El regidor instó a la Gobernadora a comparecer ante el Senado de la República o el Congreso local para aclarar la presunta operación de agentes de inteligencia extranjeros (CIA) en Chihuahua, un tema que, a su juicio, no puede quedar limitado a declaraciones mediáticas.
Finalmente, el dirigente de Morena cuestionó la opacidad en torno a la salida de los fiscales César Jáuregui y Arturo Zuany. Calificó su renuncia como una muestra de una «crisis interna» que ha fracturado la confianza pública, y exigió al Ejecutivo estatal terminar con el hermetismo y actuar con la responsabilidad que la procuración de justicia demanda.
