Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 7 de abril del 2026.- La reciente declaración de Eraclio «Yako» Rodríguez, líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, ha puesto bajo el reflector una acusación que resuena con fuerza en las zonas rurales del país: la presunta existencia de un «pacto de omisión» entre el Gobierno Federal y los grandes acaparadores de alimentos. Mientras el discurso oficial apela a la soberanía alimentaria, la realidad en el surco sugiere que el control del mercado está quedando en manos de unos cuantos, dejando al productor primario en la vulnerabilidad total.
De acuerdo con el análisis de líderes agrarios, el problema no es solo la falta de apoyos, sino la estructura misma de la comercialización. Yako Rodríguez calificó a la administración federal como una «socia protectora» de los grandes traficantes de alimentos.
El argumento técnico detrás de esta acusación es simple pero demoledor: mientras los precios de los insumos (diésel y fertilizantes) se disparan, los precios de garantía no compensan el costo de producción, obligando al campesino a malbaratar su cosecha a intermediarios que terminan por controlar el precio final al consumidor.
Este fenómeno ha generado una brecha donde el productor pierde dinero al sembrar, pero el ciudadano paga cada vez más en el anaquel. Para el Frente Nacional, esta «omisión» gubernamental al no regular a los grandes acaparadores es, en la práctica, una forma de protección al monopolio alimentario.
El reportaje no puede ignorar el factor que hoy paraliza las carreteras: la inseguridad. La denuncia de Yako Rodríguez sobre los homicidios y secuestros de choferes de carga no es un hecho aislado. Se trata de un ataque directo a la cadena de suministro.
La falta de seguridad en las rutas comerciales se convierte en un «impuesto» indirecto. El riesgo de tránsito encarece los fletes, costo que los acaparadores trasladan al consumidor, pero que los productores no pueden absorber. En este escenario, la «omisión» del Estado en las carreteras se traduce en un golpe seco a la viabilidad del campo.
Lo que comenzó como una protesta por precios de garantía se ha transformado en una jornada de lucha nacional que ya suma presencia en 20 entidades de la República. El descontento ha escalado de lo económico a lo social, uniendo a productores agrícolas con el gremio del transporte de carga bajo una premisa común: la exigencia de derechos y seguridad.
La pregunta que queda en el aire, y que el Gobierno Federal deberá responder ante el inicio de los ciclos agrícolas más importantes del año, es si existe la voluntad política para desarticular el control de los acaparadores o si, como afirma Yako Rodríguez, la administración ha decidido observar desde la barrera mientras el campo mexicano se descapitaliza.
El escenario es crítico. Con un diésel que roza los 29 pesos y una sequía que amenaza con reducir las siembras a menos del 40%, la narrativa de «soberanía» se enfrenta a la prueba de fuego. Si el Estado no interviene para equilibrar la balanza entre el productor y el gran comercializador, la «carestía insoportable» que denuncia el Frente Nacional podría convertirse en el detonante de una crisis alimentaria y social de dimensiones nacionales.
