Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 17 de septiembre del 2026.- Tras un proceso de análisis en la Mesa Técnica de Seguridad Vial que se prolongó por cerca de 12 horas de discusión multidisciplinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por la diputada panista Joss Vega para reformar la Ley de Vialidad y Tránsito de la entidad.
La actualización busca poner orden en un marco normativo que acumulaba un rezago importante frente a la siniestralidad urbana, priorizando la protección de peatones, ciclistas y personas con discapacidad.
El dictamen aprobado establece obligaciones y restricciones largamente exigidas por especialistas y colectivos ciudadanos para contener los accidentes viales:
- Tolerancia cero al volante: Se endurecen los límites de velocidad y se implementa una política de cero alcohol para menores de edad, motociclistas y operadores de transporte público.
- Cero distracciones: Se prohíbe de manera tajante la manipulación de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos mientras el vehículo esté en movimiento.
- Seguridad infantil y de menores: Se vuelve obligatorio el uso de sistemas de retención infantil (asientos de seguridad) para menores de 1.35 metros de estatura, además de imponer restricciones de horario y circulación fuera de zonas urbanas para conductores novatos de 16 y 17 años.
- Mano dura a infractores: Se reestructuran los criterios para la suspensión y cancelación definitiva de licencias de conducir.
Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la regulación directa sobre la actuación de los agentes de vialidad. El nuevo marco legal incorpora el uso obligatorio de cámaras corporales, patrullaje visible y la garantía de un trato respetuoso hacia la ciudadanía, buscando frenar los abusos y la opacidad en las calles.
Si bien la reforma representa un avance jurídico indispensable, el verdadero desafío radicará en su aplicación pareja. La efectividad de estas medidas dependerá enteramente de la voluntad política y de erradicar la corrupción cotidiana en las corporaciones de tránsito, donde el problema históricamente no ha sido la falta de leyes, sino la debilidad en su cumplimiento.
