Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 12 de mayo del 2026.- En un intento por controlar la narrativa tras el escándalo internacional bautizado como el «CIA Gate», la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua reveló avances en la investigación del fatal operativo en la comunidad de El Pinal localizado en el municipio de Morelos.
De acuerdo al informe, presentado por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada, confirma una serie de irregularidades que apuntan a un descontrol institucional: personas extranjeras, sin identificar y armadas, se integraron al convoy oficial bajo un «patrón de convivencia informal» con los altos mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
A través del análisis de más de seis mil horas de registros digitales, la Fiscalía corroboró que desde el 16 de abril, cuatro individuos vestidos de civil y sin insignias oficiales se integraron al convoy operativo que partió de la capital del estado.
Sin embargo, lo más alarmante del informe es la admisión de que estos sujetos no solo convivieron con el hoy fallecido director de la AEI, Pedro Román Oseguera Cervantes, sino que fueron captados en instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas portando armas largas días antes de la misión.
Hasta el momento, la identidad de dos de estos individuos sigue siendo un misterio. Según Chávez Villanueva, ni la representación diplomática de los Estados Unidos, ni el Instituto Nacional de Migración han respondido a las solicitudes de información, dejando un vacío legal sobre quiénes eran realmente los hombres que acompañaban a las fuerzas estatales en la Sierra Tarahumara.
El informe de la Unidad Especializada parece confirmar la tesis de la «unilateralidad» denunciada por la oposición a lo cual la Fiscalía reconoció que no existe registro alguno de que el Director de la AEI, ni los servidores públicos involucrados, hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores sobre la incorporación de estos civiles extranjeros al operativo antinarcóticos.
Esta «omisión» de informar a los mandos superiores sugiere una operación paralela o, en el peor de los casos, una infiltración consentida por lo cual la FGE señaló que las investigaciones ahora se extienden hacia otros funcionarios de la propia dependencia que podrían haber tenido conocimiento o participación en la logística de este convoy, el cual terminó en un barranco en la comunidad de El Pinal con un saldo de cuatro muertos, incluyendo a dos de los presuntos agentes extranjeros.
Es importante destaca que a pesar de los hallazgos que sitúan a civiles armados dentro de oficinas de la AEI, la Chávez Villanueve apeló a la «secrecía de la investigación» para no revelar más detalles sobre la naturaleza de la relación entre los agentes extranjeros y los mandos locales. Mientras tanto, la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) continúa bajo la sombra de una pregunta que el informe no logra responder: ¿Quién dio la orden de abrir las puertas de la seguridad estatal a agencias foráneas de manera «informal»?
