Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 6 de agosto del 2026.- El debate en torno a los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha encendido la discusión pública en el país. Frente a las narrativas que acusan una presunta intentona de control gubernamental, el senador Javier Corral Jurado desmintió categóricamente que estas normativas representen un mecanismo de censura previa.
En entrevista concedida al periodista Sergio Valles en Canal 28, el legislador federal detalló que la regulación busca garantizar el derecho ciudadano a una información veraz, plural y oportuna.
Uno de los puntos centrales aclarados por Corral Jurado radica en delimitar el alcance de la ley. La normativa y los lineamientos actuales operan exclusivamente sobre la radiodifusión y los servicios de televisión restringida, debido a que estos actores explotan un bien del dominio público: el espectro radioeléctrico concesionado por el Estado.
Al respecto, el senador enfatizó:
«La naturaleza jurídica de esta regulación y de las condiciones que esta regulación impone a los concesionarios de estos servicios tiene que ver precisamente que se derivan de una concesión de carácter federal, porque utilizan un bien del dominio público que nos pertenece a todos… el Estado puede imponer reglas específicas para la relación entre estas empresas, sus trabajadores, pero también sus públicos, sus audiencias.»
Con ello, se desmarca a los medios impresos y al ecosistema de internet de esta normatividad, los cuales se rigen bajo un marco jurídico distinto.
Censura vs. Calumnia: el falso dilema
Frente a las críticas de grandes concesionarios privados y actores de oposición que califican los lineamientos como un ataque a la libertad de expresión, Corral Jurado sostuvo que la censura y la calumnia afectan por igual el ejercicio informativo.
«Tan enemiga de la libertad de expresión es la censura como la calumnia. La calumnia y la censura demeritan el verdadero ejercicio de la libertad de expresión», señaló el senador, añadiendo que «la censura recordemos que es un mecanismo previo a quien va a emitir una información o a quien va a expresar una opinión», aseveró el senador.
En contraste, los lineamientos establecen herramientas de responsabilidad ulterior. Su objetivo principal es atender quejas ciudadanas ante tratamientos informativos indebidos, garantizando derechos fundamentales como la réplica y la distinción clara entre información noticiosa y opinión personal o propaganda.
El andamiaje jurídico previsto no opera como una oficina gubernamental inquisitoria, sino bajo un esquema primordialmente autorregulatorio. Según explicó el legislador, la ley obliga a los concesionarios a contar con dos elementos clave:
- Un Código de Ética: Redactado por el propio medio de comunicación para estipular sus compromisos de imparcialidad, pluralidad y respeto a los derechos humanos.
- Un Defensor de Audiencias: Una figura designada por la propia empresa bajo requisitos de experiencia e independencia respecto a los socios o trabajadores, encargada de recibir y analizar las quejas ciudadanas para emitir recomendaciones de rectificación.
Solo en caso de que el concesionario rechace la recomendación del defensor, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones interviene mediante un procedimiento administrativo transparente y público para dirimir la controversia conforme a la ley.
Para Corral Jurado, la férrea oposición de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) responde a una postura tradicional basada en la premisa de que «no hay mejor ley que la que no existe».
«Creen que son dueños de los medios que operan. De las concesiones. Se sienten dueños de las concesiones… y no admiten que el Estado imponga modalidades al ejercicio de un bien público como es el espectro radioeléctrico», criticó, subrayando que la resistencia obedece a una cultura de intocabilidad que ignora que el sujeto esencial de la democracia es la ciudadanía y las audiencias.
Finalmente, el senador recordó que la protección de los derechos de las audiencias no constituye un ejercicio aislado de México, sino un estándar implementado con éxito en diversas democracias de América Latina, Europa y Asia, donde el resultado ha redundado en un mejor periodismo y en el fortalecimiento de las libertades públicas.
