Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 22 de agosto del 2026.- El coordinador de la bancada guinda en el Congreso del Estado advirtió sobre el riesgo de mantener vínculos con la administración saliente, proponiendo un método de selección estrictamente ciudadano y meritocrático.
En medio del debate legislativo sobre la renovación en la procuración de justicia, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, señaló que la creación de una Fiscalía Autónoma en Chihuahua no debe limitarse a un cambio de nomenclatura, sino garantizar una independencia real frente al Poder Ejecutivo.
Durante su posicionamiento, el legislador cuestionó el esquema impulsado por Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, el cual contempla que la titularidad del Ejecutivo envíe directamente una terna al Congreso para que, mediante una mayoría calificada de los diputados presentes, se elija al fiscal por un periodo de ocho años. Para Estrada, este procedimiento corre el riesgo de convertir la autonomía en una simulación destinada a proteger los intereses de la administración que concluye.
«María Eugenia Campos Galván sabe que ya se va, pero no se quiere ir sin un fiscal que cubra las espaldas de su administración», aseveró el coordinador parlamentario.
Frente al modelo planteado por la oposición, la bancada de Morena propuso un proceso de selección que inicie fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, mediante una comisión evaluadora integrada por nueve perfiles de reconocida probidad, honestidad y especialización técnica. Dicha instancia se encargaría de aplicar exámenes de oposición para conformar la terna definitiva.
Asimismo, el partido guinda planteó modificaciones clave en los requisitos y el procedimiento de votación en el Pleno:
La elección requeriría el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los 33 diputados y diputadas integrantes de la Legislatura, y no únicamente de quienes se encuentren presentes, obligando a asumir una postura pública formal.
Se propone exigir título de licenciatura en Derecho acompañado de una trayectoria mínima de 10 años de experiencia específica en materia penal, desestimando criterios más laxos.
Finalmente, Estrada Sotelo hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a analizar con responsabilidad histórica el sentido de su voto, advirtiendo que la entidad no puede permitirse una legislación con dedicatoria en un momento donde el combate a la impunidad y la seguridad pública exigen los más altos estándares institucionales.
