Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Amarillo, Texas., a 30 de julio del 2026.- Un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas presentó una acusación formal de doce cargos contra cuatro personas implicadas en el suministro ilegal de armas de fuego y asesoramiento táctico al Cártel de Sinaloa, organización que mantiene operaciones e vínculos en el estado de Chihuahua, de acuerdo con el anuncio oficial emitido por el fiscal federal Ryan Raybould.
El principal señalado, Loyd Walter Hall, de 27 años y residente de Amarillo, enfrenta múltiples cargos que incluyen conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas para su importación a Estados Unidos, posesión de armas de fuego vinculadas al narcotráfico y tráfico ilícito de armamento. De ser hallado culpable, Hall se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.
Junto a Hall, las autoridades federales imputaron a Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano residente en Dumas, Texas; Omar Velásquez, residente de Utah; y Catlynn Ann Townsend, residente de Amarillo. Los implicados enfrentan diversos cargos por conspiración para la compra y tráfico ilícito de armas, así como por falsedad de declaraciones ante vendedores autorizados, con penas que van desde los cinco hasta los 15 años de prisión.
De acuerdo con la investigación coordinada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con el apoyo del FBI y la policía de Amarillo, entre 2024 y 2026 los acusados mantuvieron una relación directa con un operador del Cártel de Sinaloa en Chihuahua. Durante este periodo, no solo se proveyó armamento, sino también conocimientos técnicos y asesoramiento para evadir a las agencias de seguridad estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses recalcaron que este caso forma parte de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una alianza intergubernamental orientada a desarticular redes transnacionales dedicadas al tráfico de armas y drogas.
“Cada arma de fuego traficada desde Estados Unidos a un cártel fortalece su capacidad para aterrorizar a las comunidades, asegurar sus operaciones de narcotráfico, participar en actos de corrupción y cometer robos internacionales de combustible”, advirtió el fiscal federal Ryan Raybould.
Por su parte, Brian Garner, agente especial a cargo de la ATF en Dallas, enfatizó que estas acciones buscan frenar a quienes facilitan la explotación de las leyes de armas en perjuicio de la seguridad binacional. Las autoridades recordaron que el proceso judicial se encuentra en su fase inicial y que, conforme a derecho, los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
