Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 24 de abril del 2026.- La tarde del miércoles 22 de abril, el silencio del desierto chihuahuense fue desgarrado por un grito que la narrativa oficial no pudo contener. «¡Apoyo urgente! ¡Apoyo aéreo!», clamó por radiofrecuencia Ricardo Realivázquez, subsecretario de Despliegue Policial. Atrapado en una emboscada en la comunidad de El Pueblito, el mando y sus hombres enfrentaban ráfagas de calibre .50, un poder de fuego diseñado para la guerra, no para la seguridad civil.
Este episodio, que obligó a una extracción de emergencia mediante helicóptero y el despliegue de fuerzas federales, es la pieza central de una semana de asedio que ha transformado el corredor Aldama-Ojinaga en un teatro de operaciones criminales. Mientras el Estado apuesta por la tecnología de drones para ubicar pistas clandestinas, la realidad en tierra cuenta una historia de vulnerabilidad y control territorial compartido.
La violencia que comenzó el 21 de abril no fue un evento aislado, sino una ofensiva coordinada. Según la Fiscalía Zona Centro, la región es hoy el epicentro de una disputa territorial entre «Los Cabrera» y «La Línea». En este tablero, el incendio de una tienda de conveniencia en la entrada de Aldama y el bloqueo de carreteras con camiones calcinados no fueron actos vandálicos al azar; fueron tácticas de distracción para impedir que los refuerzos llegaran a los agentes bajo fuego.
El costo social ha sido inmediato y profundo. En Aldama, una ciudad que late al ritmo de la capital, más de 5,000 alumnos fueron replegados a sus hogares para retomar clases virtuales, un sombrío recordatorio de que el miedo ha logrado cerrar las aulas. A esto se suma el incendio de ocho viviendas en Falomir y El Pueblito, y el robo masivo de vehículos por hombres con equipo táctico, dejando a las comunidades rurales en un estado de sitio de facto.
Este viernes 24 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya, anunció la inhabilitación de una pista de aterrizaje clandestina en la Ranchería Los Vaqueros. Mediante el análisis de inteligencia y el patrullaje de drones, las autoridades lograron identificar este «punto ciego» utilizado para el trasiego aéreo ilícito.
Sin embargo, el éxito tecnológico choca de frente con la impunidad operativa. A pesar de los operativos de la Sedena, la Guardia Nacional y la SSPE, y de haber localizado cinco vehículos vinculados a la emboscada, la Fiscalía Zona Centro confirmó una estadística desalentadora: no hay un solo detenido. La infraestructura criminal es desmantelada, pero los rostros detrás del fusil .50 siguen libres en la inmensidad del desierto.
Y bajo el humo de los bloqueos y el estruendo de los drones, persiste el drama de las desapariciones. Los reportes de personas privadas de la libertad en Falomir y zonas rurales se suman a un historial crítico; durante los primeros meses de 2026, la región ha acumulado al menos 40 pesquisas activas.
La inhabilitación de la pista en Los Vaqueros es un paso necesario para cortar la logística del narcotráfico, pero en las calles de Aldama y en las brechas de Ojinaga, la pregunta que persiste es cuánto tiempo más la tecnología policial podrá sostener la fachada de control en una región donde el crimen organizado ha demostrado tener la capacidad de emboscar al Estado y paralizar la vida de miles de familias chihuahuenses.
