Por: Redacción.
Washington, D.C., a 31 de marzo del 2026.- En una decisión trascendental que invoca la Primera Enmienda de la Constitución, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó este martes que la ley del estado de Colorado que prohibía las llamadas «terapias de conversión» para menores LGBT+ vulnera el derecho a la libertad de expresión.
Con una contundente mayoría de 8 votos contra 1, el alto tribunal dio la razón a la consejera psicológica cristiana Kaley Chiles, quien impugnó la legislación estatal argumentando que el texto le impedía expresar sus convicciones religiosas y profesionales con sus pacientes.
El magistrado conservador Neil Gorsuch, encargado de redactar la sentencia de la mayoría, sostuvo que la normativa de Colorado no se limitaba a regular intervenciones físicas, sino que ejercía una «censura de opinión».
«La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer una ortodoxia de pensamiento o de palabra en este país», sentenció Gorsuch. El fallo subraya que la ley, tal como se aplicó a Chiles, discriminaba basándose en el punto de vista de la especialista, prescribiendo qué posiciones podía o no expresar.
La decisión unió a los seis jueces conservadores con dos de los tres progresistas, dejando como única voz disidente a la jueza Ketanji Brown Jackson. En su voto particular, Jackson advirtió que la sentencia abre una «caja de Pandora» al debilitar la capacidad de los estados para regular profesiones médicas, lo que podría derivar en perjuicios para la salud pública.
Las «terapias de conversión» buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de personas LGBT+. Aunque estas prácticas cuentan con el rechazo de organismos como la ONU y asociaciones psicológicas mundiales —que las califican de discriminatorias y humillantes—, el fallo de la Corte prioriza la libertad de discurso por encima de las regulaciones estatales.
Este dictamen se suma a la tendencia de la administración actual en Washington, que desde 2025 ha impulsado políticas para reconocer únicamente los sexos definidos al nacer y ha limitado ayudas públicas para tratamientos de transición en menores.
