Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Cleveland, Ohio., a 11 de junio del 2026.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este 11 de junio de 2026 la presentación de cargos formales contra tres inmigrantes guatemaltecos por su presunta participación en una red internacional de tráfico de personas y fraude al gobierno. Estos casos, que forman parte de la iniciativa federal «Operación Recuperar Estados Unidos» y son liderados por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), exponen las vulnerabilidades en los programas de protección de menores no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés).
Las investigaciones señalan que, entre diciembre de 2020 y octubre de 2023, Maritza Azucena Cahuec Coc (38 años) y su hermano, Carlos Agustín Cahuec Coc (33 años), coordinaron un plan para introducir ilegalmente a extranjeros en el país.
Según los documentos judiciales, Maritza Cahuec Coc presentó múltiples solicitudes de patrocinio ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) utilizando actas de nacimiento y documentos de identidad guatemaltecos falsos para hacerse pasar por pariente cercana de los menores.
Se descubrió que cheques de pago dirigidos a los menores patrocinados eran depositados en cuentas bancarias controladas por Maritza Cahuec Coc y sus cómplices identificados como Gladys Marina Caal Chen (20 años), quien también fue beneficiaria de una solicitud fraudulenta previa bajo un alias, está acusada de mentir a las autoridades federales en una solicitud propia presentada en enero de 2024.
Paralelo a las acusaciones anteriores, se dio a conocer la sentencia de Juan Tiul Xi (27 años), quien fue condenado a un total de 10 años y dos meses de prisión (ocho años en un tribunal estatal y 26 meses adicionales a nivel federal) tras declararse culpable de introducir ilegalmente a una menor y abusar sexualmente de ella.
Tiul Xi engañó a la ORR en 2023 al suplantar la identidad del hermano de una niña de 14 años, obteniendo así su custodia para posteriormente agredirla. Este caso subraya las críticas expresadas por autoridades como el fiscal general interino Todd Blanche, quien calificó de «mal gestionado» el programa gubernamental encargado de estos menores.
Las autoridades federales, incluyendo el FBI, el HSI y la Oficina del Inspector General del HHS, han reiterado su compromiso de enjuiciar estos delitos que ponen en peligro la integridad del sistema migratorio. No obstante, el caso pone de relieve una falla sistémica: el programa de la ORR, diseñado para proteger a niños vulnerables, ha sido objeto de manipulaciones sistemáticas por redes criminales que ven en él una vía para el lucro y la explotación.
La directora interina de la ORR, Angie Salazar, afirmó que la agencia se encuentra en un proceso de revisión continua de datos para identificar tendencias sospechosas. Por su parte, la justicia estadounidense continúa los procesos contra los detenidos, enfrentando los implicados penas que podrían alcanzar una década de prisión por los delitos de conspiración, fraude y robo de identidad agravado.
