
Por: Redacción.
Chihuahua, Chih., a 15 de agosto del 2026.- En un ríspido cruce de declaraciones sobre la fiscalización y el ejercicio del gasto público en la entidad, la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Jael Argüelles Díaz, puso sobre la mesa un severo cuestionamiento financiero contra la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
Durante una intervención en el Congreso del Estado, la legisladora señaló que el gobierno estatal ha manejado recursos históricos, pero recriminó que el presupuesto no se refleje de manera equitativa en mejores servicios públicos ni en el bienestar social de las familias chihuahuenses.
El núcleo de la crítica se centró en el volumen de recursos acumulados durante los últimos cinco años de gestión. Según los datos expuestos por la bancada guinda, la administración estatal ha concentrado un flujo presupuestal sin precedentes, impulsado en gran medida por participaciones federales.
Argüelles Díaz aseguró que la administración ha administrado una cifra cercana a los 617 mil millones de pesos en un lustro, destacando que el 64% de dichos ingresos provienen de la federación.
La diputada subrayó la existencia de más de 82 mil millones de pesos en recursos excedentes, cuya aplicación, exigió, debe ser transparente y sujeta a rendición de cuentas.
Desde la perspectiva de la legisladora, dichos excedentes habrían alcanzado para amortizar pasivos financieros o detonar proyectos de alto impacto —como infraestructura hospitalaria, transporte masivo y educación gratuita—, los cuales contrastan con la realidad financiera del estado.
Más allá del volumen de gasto, el posicionamiento de Morena recrudeció el debate al colocar sobre la mesa el indicador de la deuda pública. Mientras el oficialismo defiende la estabilidad financiera y la atracción de inversiones, la oposición advierte sobre los riesgos del endeudamiento per cápita y el incremento de cargas tributarias a la ciudadanía en un contexto de alta inflación.
La discusión escaló también hacia los criterios de austeridad y el destino del erario, donde la legisladora insistió en que el presupuesto debe priorizar los servicios básicos y la seguridad por encima de gastos operativos o administrativos que califiqué de privilegios.
Este choque de cifras y visiones económicas ocurre en un momento de alta ebullición política en Chihuahua, donde la gestión presupuestal y la asignación de recursos se han convertido en el eje discursivo central entre el gobierno estatal panista y la oposición de cara al proceso electoral de 2027. Mientras el blanquiazul defiende sus obras y su modelo de gobernanza, Morena intensifica la presión desde la tribuna legislativa para exigir cuentas claras sobre el manejo financiero de la administración estatal.






