
Por: La Redacción.
Ciudad Juárez, Chih., a 21 de septiembre del 2026.- Durante la reciente visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Ciudad Juárez con motivo de su segundo informe de gobierno, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, puso el foco en la necesidad de consolidar la infraestructura educativa en zonas de alta densidad demográfica y celebró la evolución histórica del poder adquisitivo de la clase trabajadora.
El evento, que congregó a una asistencia estimada entre las 38 mil y 39 mil personas provenientes de diversos municipios de la entidad, sirvió como escenario para que el legislador delineara los retos y logros prioritarios para el estado en voz del oficialismo.
Abordando la problemática desde su experiencia territorial como representante de un distrito en el suroriente juarense —zona que concentra a aproximadamente 600 mil habitantes—, Estrada reconoció que la demanda de espacios de educación media superior y secundaria sigue siendo un reto mayúsculo.
Si bien el legislador destacó la construcción previa de planteles del CBTIS y el arranque de las obras para un tercer centro de este tipo en la zona de Riberas del Bravo (el plantel 307), advirtió que la dimensión demográfica de la periferia exige una inyección presupuestal mucho mayor para cerrar las brechas de rezago escolar. Ampliar la oferta educativa en estos sectores, subrayó, representa una condición indispensable para garantizar alternativas de desarrollo a las nuevas generaciones de la frontera.
En el terreno económico, el coordinador parlamentario centró parte de su valoración en el comportamiento del salario mínimo a lo largo de los últimos años. Durante su intervención, contrastó los niveles de hace una década —cuando el ingreso diario rondaba los 83 pesos— con la cifra actual de 440 pesos señalada en el marco del informe.
Para el representante popular, este incremento forma parte de una política económica orientada a mitigar las desigualdades estructurales, argumentando que el gasto público y las directrices federales deben traducirse obligatoriamente en un impacto directo sobre la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores.






