Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 18 de octubre del 2026.- El juez Luis Simental decretó que el exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno lleve su proceso en libertad, imponiendo como medidas cautelares la firma periódica, la prohibición de salir del país y la entrega de pasaporte y visa americana por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
Durante una maratónica audiencia, la defensa cuestionó la falta de pruebas directas que lo vinculen con el operativo en El Pinal, mientras el propio exfuncionario aseguró que ninguno de los más de 45 testimonios presentados lo incrimina.
La resolución judicial se dio a conocer tras una extensa audiencia de formulación de imputación, en la que la representación social de la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la medida cautelar de prisión preventiva. El Ministerio Público argumentó que el imputado cuenta con alta capacidad económica, redes de contactos y relaciones con autoridades extranjeras que facilitarían su sustracción de la acción de la justicia, tanto en los fueros estatales como federales. Sin embargo, el juzgador desestimó dichos riesgos procesales dictando medidas cautelares alternativas.
Para garantizar su comparecencia ante los tribunales, el juez Simental impuso al exfuncionario las obligaciones de presentarse una vez al mes a firmar ante el Tribunal Superior de Justicia, la prohibición absoluta de acercarse a los testigos para evitar influir en el proceso y la restricción de salir del país sin autorización judicial previa. Para cumplir con esta última disposición, el imputado quedó obligado a dejar bajo resguardo oficial su pasaporte y su visa estadounidense.
Por su parte, la defensa legal, encabezada por el abogado Héctor Villasana, sostuvo desde el inicio del debate que los delitos imputados del fuero común contemplan penas excarcelables de entre dos y cinco años, por lo que —sumado a factores de salud vinculados a una hipertensión crónica de 15 años— la prisión preventiva carecía de sustento legal objetivo. Asimismo, la defensa recriminó que los argumentos de la fiscalía sobre un posible riesgo de fuga se basaban en apreciaciones subjetivas sobre la solvencia económica del exservidor público.
Uno de los puntos más álgidos de la audiencia giró en torno al papel de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exdirector de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y exfiscal de Operaciones Estratégicas. Mientras la FGE integró inicialmente a Zuany dentro de la lista de testigos que apuntaban a una presunta autorización directa del exfiscal para permitir la participación de agentes extranjeros en el operativo antinarcóticos de la comunidad de El Pinal (municipio de Morelos) —donde fallecieron dos ciudadanos extranjeros—, el juez determinó rechazar dicho testimonio para la acusación directa, tomando en cuenta que sobre el propio Zuany Portillo pesa actualmente una orden de aprehensión por falsedad de declaraciones.
Al hacer uso de la palabra al término de la audiencia, que se prolongó por más de seis horas, el exfiscal defendió su inocencia ante el estrado y enfatizó que tras escuchar los testimonios de más de 45 funcionarios públicos e indagar en bitácoras de GPS y registros de investigación, ninguno de los declarantes lo colocó en una sola reunión o instrucción directa que avalara la incursión de operativos extranjeros bajo su mando.
La decisión judicial de permitir que el exfiscal enfrente su proceso en libertad abre un nuevo flanco en la compleja trama político-legal que sacude a la administración estatal. Si bien el sistema de justicia pondera el principio de presunción de inocencia y la proporcionalidad de las medidas cautelares cuando los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, el impacto político del caso es innegable.
La aparente contradicción entre la gravedad institucional de las acusaciones —enmarcadas en presuntas violaciones a la soberanía nacional y redes de encubrimiento tras el operativo en El Pinal— y la fragilidad probatoria expuesta durante la audiencia de imputación evidencia los retos de la FGE para sostener casos de alto perfil ante los tribunales federales y locales. Mientras el exfiscal insiste en que las imputaciones responden a presunciones y suposiciones carentes de sustento material, la sociedad chihuahuense permanece a la expectativa de un juicio que amenaza con desentrañar las más altas filtraciones de coordinación y opacidad entre corporaciones locales y agencias extranjeras.
