Por: Sandra Dueñes Monárrez
Ciudad de México., a 22 de abril del 2026.- Lo que inició como una serie de contradicciones en la Sierra de Chihuahua ha escalado al máximo nivel legislativo del país. La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó, con 15 votos a favor, un dictamen para citar a comparecer a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al fiscal general, César Jáuregui Moreno, el próximo martes 28 de abril.
El objetivo es claro y contundente: que expliquen la presunta violación a la Constitución Política y a la Ley de Seguridad Nacional tras la muerte de dos agentes de la CIA en territorio chihuahuense.
A propuesta del senador Ignacio Mier (Morena), el citatorio no es una simple invitación de cortesía. El documento oficial señala que la gobernadora deberá informar sobre:
- La violación flagrante a la Constitución Mexicana.
- La omisión de informar oportunamente al Gobierno de México sobre la presencia de agentes extranjeros.
- La falta de coordinación institucional con la Federación.
- Las consecuencias derivadas para la Seguridad Nacional.
Durante la sesión, los ánimos se encendieron. El senador Saúl Monreal calificó a las autoridades de Chihuahua como «traidores a la patria», señalando que no se permitirá que agentes extranjeros operen en México sin aval federal. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña recordó que la CIA tiene un historial oscuro en la promoción de golpes de Estado, cuestionando la naturaleza del pacto entre Chihuahua y la agencia estadounidense.
Por su parte el exgobernador de Chihuahua y ahora senador Javier Corral Jurado, principal impulsor de la transparencia en este caso, reiteró que la mandataria ha entrado en un “tobogán de mentiras” al intentar ocultar que infiltró agentes norteamericanos uniformados como elementos de la fiscalía local, actuando a espaldas del Gabinete Federal de Seguridad.
Desde la trinchera del PAN, el bloque opositor salió en defensa de la mandataria. El senador Ricardo Anaya ironizó diciendo que la gobernadora debería venir a darles «clases de cómo combatir al crimen organizado», mientras que Lilly Téllez defendió el operativo asegurando que hubo coordinación federal y que la oposición solo busca un «linchamiento político».
Incluso desde Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas puso una nota de cautela al señalar que el Senado no tiene facultades constitucionales para citar a una gobernadora, calificando el movimiento como una acción con motivaciones meramente políticas que vulnera el federalismo.
Antes de la cita del 28 de abril, el Senado exige a Maru Campos y a César Jáuregui un informe pormenorizado y documental que contenga la cronología completa de los hechos, las autoridades participantes y todas las comunicaciones sostenidas con la Federación.
