Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 12 de octubre del 2026.- La opacidad en el manejo financiero de la Feria de Santa Rita ha saltado del terreno administrativo al centro de un escándalo de abuso de poder, violencia institucional y presunto tráfico de influencias. Donde lejos de ofrecer una respuesta transparente o institucional ante las graves denuncias públicas, la cúpula del Gobierno del Estado ha respondido con cinismo, desdén y una ofensiva judicial encubierta contra una exfuncionaria que hoy se enfrenta sola a todo el aparato estatal.
Cuestionado por los medios de comunicación sobre las acusaciones de acoso, espionaje e intimidación interpuestas por Andrea Cecilia Domínguez Anguiano —exdirectora operativa del Patronato de la Feria—, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, protagonizó un momento que raya en la provocación y la falta de ética política.
Entre risas socarronas y gestos de total ligereza, el funcionario intentó deslindarse de los señalamientos argumentando que no tiene tiempo ni facultades para administrar ferias. Sin embargo, la mueca burlona con la que encaró el cuestionamiento periodístico contrasta violentamente con el peso de la denuncia: el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia para hostigar a quienes formaron parte de los círculos de operación de un evento que debió manejarse con absoluta rendición de cuentas.
La gravedad del caso radica en los nombres que la defensa legal ha puesto sobre la mesa sin que la administración estatal dé una sola explicación convincente. El abogado defensor Luis Villegas Montes apuntó directamente a una pregunta elemental que interpela la ética republicana y el conflicto de interés en Chihuahua: ¿Qué hacían, de manera directa o indirecta, Manuel Campos Galván (hermano de la gobernadora María Eugenia Campos) y Alberto de la Peña Grajeda (hermano del secretario general de Gobierno) operando o vinculados con los negocios y el manejo financiero de la Feria de Santa Rita?
Para la sociedad chihuahuense, la respuesta a este cuestionamiento es ineludible. El abogado recalcó que las dos figuras políticas más importantes de la administración estatal tienen lazos consanguíneos directos con personas que históricamente han intervenido en el control económico de la feria. Pretender que estas presencias son casuales o inofensivas es un insulto a la inteligencia ciudadana, sobre todo cuando los negocios públicos y los recursos millonarios de un evento de esta magnitud terminan bajo la sombra del nepotismo.
El relato de los hechos expuesto por la defensa jurídica expone una maquinaria de terror institucional digna de regímenes autoritarios, no de un gobierno democrático. Según lo denunciado por el abogado Luis Villegas, Andrea Cecilia Domínguez Anguiano ha sido víctima de una persecución sistemática que incluyó un violento cateo ejecutado de madrugada por comandos armados en su domicilio, donde sus hijos fueron intimidados y separados en un operativo desproporcionado propio del crimen organizado.
Tras tres meses de falsas promesas, simulaciones de negociación y engaños por parte del gobierno estatal para mantenerla bajo control, la estrategia dio un giro punitivo: la emisión de órdenes de aprehensión para privarla de la libertad.
Con un profundo sentido humano, el caso expone la vulnerabilidad de una mujer sola peleando contra el poder absoluto, utilizando la intimidación, el hostigamiento laboral y sexual, y la tortura psicológica para doblegarla y convertirla en la única chivo expiatorio de desvíos y fraudes millonarios gestados desde las altas esferas. Ante este panorama de indefensión, la defensa anunció que evalúa interponer denuncias directas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tortura, persecución y violencia de género.
La risa de Santiago de la Peña ante las cámaras no es solo una falta de respeto a la labor periodística, sino el reflejo de la soberbia con la que se conduce un poder político que prefiere proteger los negocios de los círculos familiares antes que garantizar la justicia, la transparencia y los derechos humanos en Chihuahua.
