Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 3 de septiembre del 2026.- Durante la sesión del Congreso del Estado, la bancada de Morena y la oposición legislativa confrontaron al Ejecutivo estatal tras la decisión de la Comisión de Programación de declarar sin materia la proposición para exhortar al Gobierno del Estado a firmar el convenio que garantice la universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

La controversia escaló cuando la diputada Jael Argüelles Díaz acusó directamente al Partido Acción Nacional (PAN) de bloquear la iniciativa bajo el argumento de que el tema ya había sido abordado en un acuerdo previo emitido el pasado 19 de marzo. Para la legisladora, dicha resolución busca cerrar el debate legislativo y evitar el escrutinio sobre la falta de cobertura total del programa en la entidad.

El núcleo de la crítica se centró en la asignación de recursos públicos. Argüelles Díaz cuestionó el incremento en los rubros de Comunicación Social, señalando que los presupuestos asignados han registrado aumentos sustanciales —pasando de cifras iniciales reducidas a montos superiores a los 800 millones de pesos anuales—, lo que —a su juicio— evidencia una disparidad entre la inversión destinada a la promoción institucional y la partida requerida para la asistencia social.

“Para promover al Gobierno hay cientos de millones, pero para garantizar autonomía y dignidad a las personas con discapacidad dicen que no hay condiciones. No es falta de recursos, es falta de voluntad política”, sentenció la diputada desde la máxima tribuna del estado.

Asimismo, la postura oficial de la fracción morenista contrastó la situación local con los datos de la Delegación del Bienestar en Chihuahua, la cual reporta un padrón de 25,940 derechohabientes activos en el esquema federal. Bajo este argumento, exigieron abandonar los esquemas de apoyos fragmentados o discrecionales para transitar hacia un modelo de derechos humanos sustentado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Hasta el momento, las fuerzas políticas afines al gobierno estatal y los integrantes de la Comisión de Programación defienden que la proposición inicial carece de materia legislativa debido a las acciones previamente evaluadas en el Congreso. Sin embargo, el bloque opositor advirtió que continuará insistiendo en la firma del convenio bipartita entre la federación y el estado para lograr la universalidad de las pensiones, manteniendo abierto un debate presupuestal que promete tensar la agenda legislativa local en los próximos meses.