Por: La Redacción.
Hidalgo del parral, Chih., a 1 de mayo del 2026.- En un fallo que envía un mensaje contundente sobre la obligatoriedad de la reparación del daño en delitos de cuello blanco, un juez revocó el beneficio de condena condicional a Arturo Huerta Luévano, exalcalde de San Francisco del Oro. Tras incumplir con el pago de más de 6 millones de pesos desviados del erario, el exfuncionario deberá compurgar su pena tras las rejas del Cereso No. 4.
Huerta Luévano, quien había sido sentenciado originalmente a tres años de prisión por los delitos de Uso Ilegal de Atribuciones y Peculado Agravado, había evitado la cárcel gracias a un procedimiento abreviado y a su estatus de primodelincuente. Sin embargo, la justicia chihuahuense determinó que la libertad condicional estaba sujeta a una condición innegociable: devolver el dinero sustraído al municipio.
Durante la audiencia de cumplimiento de sentencia, la Fiscalía Anticorrupción acreditó que el plazo para cubrir la reparación del daño —fijado en $6,050,000.00 pesos— feneció el pasado 21 de febrero de 2026. Según los registros judiciales, al momento de la comparecencia no se había realizado ni siquiera un pago parcial, lo que invalidó automáticamente el beneficio de libertad que gozaba el exedil.
Ante la falta de voluntad o capacidad de pago, el órgano jurisdiccional ordenó su captura inmediata para cumplir una pena efectiva de 2 años, 11 meses y 23 días en prisión.
El Fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, subrayó que el objetivo de la institución no es solo obtener sentencias condenatorias, sino garantizar que los recursos públicos regresen a la población. «Es prioridad que regresen lo que indebidamente desviaron, ya que son recursos que se pudieron utilizar para becas o necesidades de la población» puntualizó el fiscal tras el fallo.
El caso de San Francisco del Oro se convierte así en un precedente relevante para la actual administración judicial en el estado, reforzando la tesis de que los beneficios procesales en delitos de corrupción son frágiles cuando no se restituye el patrimonio público. Mientras Huerta Luévano ingresa al sistema penitenciario, el municipio sigue a la espera de que el desvío millonario se traduzca en obras y beneficios para sus ciudadanos.
