Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 17 de julio del 2026.- Ante una crisis de salud pública que coloca a Chihuahua en los primeros lugares nacionales de mortalidad por consumo de alcohol, la diputada de Morena, Edith Palma Ontiveros, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Atención a las Adicciones y la Ley Estatal de Salud. La propuesta busca abandonar el modelo de atención «uniforme» para adoptar una visión intercultural y de perspectiva de género, especialmente diseñada para los pueblos y comunidades indígenas del estado.
La legisladora subrayó que cerca de 37 mil personas atendidas en 2024 por lesiones relacionadas con el alcohol y un inicio de consumo que, en promedio, comienza a los 10 años de edad. Palma Ontiveros señaló que, para las comunidades originarias, el consumo de sustancias no es solo un problema de salud, sino un síntoma de procesos profundos de desplazamiento, pérdida de identidad y transculturación.
La iniciativa propone una acción concreta: integrar a la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas al Consejo Estatal de Atención a las Adicciones, buscando que las estrategias de prevención y tratamiento no sean ajenas a la cosmovisión y necesidades específicas de estas poblaciones.
La propuesta de Palma Ontiveros es necesaria y pertinente en un estado con la diversidad demográfica de Chihuahua; sin embargo, plantea desafíos estructurales que merecen atención:
Cambiar las leyes estatales es el primer paso, pero la historia de la política pública en Chihuahua demuestra que el obstáculo no suele ser la norma, sino la capacidad operativa. ¿Contará la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas con el presupuesto y el personal especializado necesario para incidir realmente en un Consejo donde tradicionalmente prevalecen criterios médicos y administrativos centralizados?
La perspectiva de género e interculturalidad suena impecable en el discurso legislativo, pero trasladarla a clínicas y centros de rehabilitación —muchas veces con recursos limitados— implica una transformación cultural profunda de las instituciones de salud. Sin una inversión sostenida en capacitación y en modelos de atención bilingües y culturalmente pertinentes, el riesgo es que estas reformas se queden en «letra muerta» o en cambios puramente cosméticos dentro de los reglamentos.
Si bien la inclusión en el Consejo Estatal es un avance, la verdadera prueba de fuego será la asignación de recursos específicos para el combate a las adicciones dentro de las zonas serranas y rurales, donde la lejanía geográfica y la falta de infraestructura hospitalaria son, por sí mismas, barreras de acceso mucho más graves que la falta de un enfoque intercultural.
La diputada Palma ha colocado sobre la mesa una problemática ineludible. La bancada de Morena sostiene que esta reforma es indispensable para reducir las desigualdades. No obstante, el éxito de este proyecto dependerá de la voluntad de las demás fuerzas políticas para trascender la aprobación de la iniciativa y respaldar, posteriormente, los ajustes presupuestales necesarios para que la «interculturalidad» se convierta en una realidad operativa y no solo en un término integrado en el cuerpo legal de Chihuahua.
