Por: La Redacción
Ciudad Juárez, Chih., a 7 de julio del 2026.- Tras la trágica muerte de Gerardo Pablo, un menor de 13 años arrollado en las inmediaciones del Puente Libre, la diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena) hizo un llamado enérgico a las autoridades para que apliquen «todo el peso de la ley» contra el responsable, cuya conducta calificó como un acto de irresponsabilidad extrema y abuso de poder.
La legisladora fue contundente al señalar que el fallecimiento del menor no debe ser minimizado como un «accidente inevitable», sino como la consecuencia directa de una conducta ilegal y prepotente: el intento de incorporarse a la fila del cruce internacional de manera forzada y a exceso de velocidad.
«No fue un accidente inevitable; fue el costo de una conducta prepotente que hoy ha cobrado la vida de un jovencito valioso. La muerte de Gerardo Pablo no se va a convertir en una estadística más», sentenció la diputada.
Pérez Reyes recordó que, aunque desde 2024 el acto de «meterse a la fila» está catalogado como una falta grave de tránsito con multas cercanas a los 5 mil pesos, la medida no ha sido suficiente para frenar la irresponsabilidad de algunos automovilistas. La diputada enfatizó que esta práctica no solo viola el reglamento, sino que pone en riesgo constante a peatones y ciudadanos que transitan por la zona.
«Quien decide meterse a la fila por la fuerza no solamente viola las reglas de tránsito, sino que pone en riesgo la vida y la integridad de cientos de personas cada hora», advirtió.
Ante los hechos, que incluyen la huida del conductor sin prestar auxilio a la víctima, la legisladora exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación exhaustiva y objetiva. Su postura es clara: no debe haber beneficios procesales ni amparos que permitan la liberación del responsable, dado que la gravedad del acto exige una sanción penal ejemplar.
«Hoy lo más importante es que la Fiscalía investigue con absoluta objetividad y que, ante la obvia responsabilidad penal, el abusón enfrente todas las consecuencias que establece la ley. La familia de Gerardo Pablo merece justicia, y Ciudad Juárez merece que estas conductas dejen de tolerarse», concluyó.
La legisladora anunció que mantendrá contacto directo con las autoridades federales para dar seguimiento puntual al caso, con el objetivo de garantizar que la tragedia no quede en la impunidad.
