Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 3 de octubre del 2025.- La diputada juarense Xóchitl Contreras, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exhortó a la Secretaría de Gobernación para que ofrezca una disculpa institucional en el lugar donde ocurrió el devastador incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, tragedia que causó la muerte de 40 migrantes y dejó otros 27 heridos.
Contreras criticó la disculpa emitida por el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, realizada en la Ciudad de México pues de acuerdo con la legisladora, esta disculpa no cumple con los estándares nacionales ni internacionales en materia de derechos humanos ya que tanto la Ley General de Víctimas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que dichas disculpas deben efectuarse en el lugar del incidente y con la presencia de autoridades de alto nivel.
Xóchitl Contreras ha enfatizó la negligencia grave de las autoridades al mantener a los migrantes en condiciones de hacinamiento sin protocolos de seguridad adecuados. La tragedia ha provocado indignación en México y ha suscitado pronunciamientos de organismos internacionales, así como reclamos de justicia por parte de los gobiernos de los países de origen de las víctimas.
La diputada ha señalado que las familias de las víctimas merecen no solo justicia, sino también una disculpa en el lugar donde ocurrió la tragedia. “Lo ocurrido en Ciudad Juárez no puede reducirse a un evento burocrático alejado de la realidad que vivieron las víctimas”, afirmó Contreras durante su intervención en tribuna.
El exhorto busca que la disculpa institucional reconozca la gravedad de los hechos y se realice en el lugar donde la tragedia ocurrió. Este acto sería una medida de dignificación hacia las víctimas y sus familias, y un reconocimiento necesario de la responsabilidad del Estado.
Con esta acción, Contreras sostiene que es fundamental que el Gobierno Federal asuma plenamente su responsabilidad. La realización de una disculpa adecuada enviaría un mensaje claro de compromiso con los derechos humanos y la justicia hacia las personas migrantes, reafirmando la obligación del Estado de proteger a todos los individuos, sin importar su estatus migratorio.
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