Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 20 de agosto del 2026.- La familia de José Pedro López Elías —empresario y especialista en finanzas públicas de 66 años que enfrenta graves padecimientos oncológicos— solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares urgentes para frenar lo que califican como una persecución y hostigamiento sistemático por parte de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín.
De acuerdo con reportajes difundidos por Grupo Radio Centro y La Octava Noticias, la defensa y los familiares del empresario han sostenido que las acusaciones por presunto peculado derivadas de la reestructuración de la deuda pública en 2019 carecen de sustento legal directo contra López Elías. Según se ha documentado, dicha reestructuración no fue contratada de manera directa por el gobierno estatal, sino a través de un esquema fiduciario, manteniendo una relación nula o inexistente entre el implicado y las decisiones financieras de aquella administración.
Durante su estancia en Washington, D.C., los hermanos Fátima y Mauricio López expusieron ante la sede de la CIDH un panorama alarmante que incluye vigilancia constante, hostigamiento a su núcleo familiar e intimidaciones que comprometen la salud y la seguridad de su padre, quien requiere atención médica especializada.
El núcleo de la denuncia pública radica en los presuntos condicionamientos impuestos por la Fiscalía Anticorrupción del Estado. Según los testimonios recabados por medios nacionales, representantes de la fiscalía habrían presionado al empresario a través de sus abogados para acogerse a criterios de oportunidad bajo una premisa clara: firmar señalamientos y documentos en blanco en contra del exgobernador y actual senador Javier Corral a cambio de dar carpetazo a las acusaciones en su contra.
«Con que nos firmes contra el senador Corral, esto se acaba en 5 minutos», fue la consigna denunciada públicamente por los familiares, quienes calificaron la estrategia como una venganza política instrumentada mediante el aparato judicial y los recursos del Estado.
En una reciente entrevista, Mauricio López denunció una serie de irregularidades y tácticas de dilatación procesal por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en el caso que se sigue en contra de su padre.
Según lo expuesto, la defensa ha intentado desde hace años presentar documentación que acredita la inocencia de López Elías; sin embargo, tanto la Auditoría Superior del Estado como la Fiscalía Anticorrupción han rechazado sistemáticamente la recepción de estas pruebas. El denunciante sostiene que, en lugar de buscar la verdad jurídica, las autoridades estatales han implementado estrategias dilatorias, como la exigencia de comparecencia presencial, negando la posibilidad de llevar a cabo audiencias iniciales por videoconferencia, una modalidad ya aceptada en otros precedentes.
Según el testimonio de Mauricio, el proceso judicial contra su padre ha estado viciado desde su origen. Afirma que las autoridades han intentado presionar al exfuncionario —adulto mayor y paciente con cáncer— para que actúe como testigo colaborador contra el senador Corral.
Tras la negativa de su padre de participar en lo que califica como un proceso sin sustento legal, la familia ha sido objeto de tácticas de intimidación que incluyen:
- Vigilancia ilegal: Seguimiento constante por parte de individuos desconocidos y uso de drones con cámaras para vigilar sus domicilios y la guardería de un menor de dos años.
- Intimidación digital: Intentos de hackeo en cuentas personales, teléfonos y correos electrónicos.
- Hostigamiento presencial: Testimonios de vecinos que reportan a personas preguntando por ellos y mostrando fotografías de los miembros de la familia.
Uno de los puntos más delicados de la denuncia es la vigilancia detectada sobre una guardería donde asiste el hijo de dos años de Mauricio. El denunciante afirmó que el uso de drones en este entorno ha sido documentado con fotos y videos, y que el personal del establecimiento, así como los propios menores, han notado la presencia de estos dispositivos sobrevolando las instalaciones.
«Un dron no es un juguete y menos teniendo una cámara, apuntando hacia los salones», puntualizó, calificando el hecho no solo como una violación a la privacidad, sino como un acto ilícito que requiere ser investigado a fondo.
Para los familiares, este caso representa un ejemplo crítico del uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia para golpear políticamente a actores vinculados a administraciones pasadas. Ante la falta de garantías procesales e imparcialidad percibida en el ámbito local, la familia recurrió a los mecanismos internacionales para salvaguardar la vida, la integridad médica y la libertad del empresario.
La familia busca que la Comisión Interamericana evalúe la situación y establezca medidas urgentes. Mauricio aclaró que no pretenden evadir el proceso penal, sino asegurar que este se lleve a cabo en condiciones de legalidad, permitiendo el debido derecho a la defensa y protegiendo la salud de su padre.
«Lo que esperamos obtener es que la Comisión establezca una serie de medidas para garantizar que este proceso pueda llevarse a cabo en paz, garantizando la salud de mi papá, su acceso a chequeos médicos y que se detenga esta persecución en nuestra contra», concluyó.
Hasta el momento, la postura de las autoridades estatales frente a estas acusaciones de persecución política permanece bajo el escrutinio de la opinión pública, mientras los abogados defensores continúan solicitando que el caso sea atraído por autoridades federales debido a la naturaleza de los recursos involucrados.
