Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 21 de octubre del 2026.- Las diferencias abismales en los registros oficiales sobre violencia y desaparición forzada en México han vuelto a quedar al descubierto. La más reciente actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas —un proyecto coordinado por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (Ibero CDMX)— reveló que durante el año 2025 la Fiscalía General de la República (FGR) contabilizó 20 veces menos fosas clandestinas que los organismos de procuración de justicia de los estados.
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Mientras que las fiscalías locales reportaron 651 fosas en 16 entidades federativas, la FGR únicamente consignó 32 fosas concentradas en seis estados. Esta disparidad en los datos expone no solo la falta de homologación en los criterios de registro, sino también un grave problema de subregistro y opacidad institucional en el fuero federal frente a la crisis de personas desaparecidas y la emergencia forense en el país.
El análisis realizado por las organizaciones de la sociedad civil expone cómo la dimensión del fenómeno varía drásticamente según la fuente oficial o comunitaria a la que se consulte:
- Fiscalías Estatales (651 fosas): Concentran la mayor cantidad de reportes institucionales. La lista la encabezan Sonora (204), Chihuahua (85), Baja California Sur (71) y Jalisco (71).
- Monitoreo Hemerográfico / Prensa (433 fosas): La prensa documentó hallazgos en fuentes abiertas que no siempre se ven reflejados de inmediato en los informes oficiales. Siete estados concentraron el 61.2 % de las notas periodísticas, liderados por Sonora (68), Chihuahua (60) y Baja California Sur (44).
- Fiscalía General de la República (32 fosas): El registro federal mostró un vacío significativo, reportando hallazgos únicamente en Tamaulipas (15), Jalisco (6), Guerrero (5), Coahuila (3), Michoacán (2) e Hidalgo (1).
Más allá de la localización de los sitios de entierro clandestino, los registros sobre los cuerpos exhumados reflejan la profundidad de la tragedia y los importantes vacíos de información en la documentación de las víctimas:
En la recuperación de cuerpos completos, Jalisco encabezó la lista con 257, seguido de Sonora (239), Chihuahua (119) y Baja California Sur (96). En el caso de los restos óseos o fragmentos, Michoacán registró el número más alto con 99 reportes, seguido de San Luis Potosí (37) y Sonora (30).
Las organizaciones remarcaron que el 85.8 % de los fragmentos recuperados carece de clasificación de sexo, lo que evidencia la falta de capacidad técnica e investigación en los laboratorios periciales.
Durante la presentación del informe, colectivos de familias e investigadores enfatizaron que el conteo de fosas es solo el primer paso de un proceso que actualmente se encuentra roto o truncado por la burocracia.
“Como familias necesitamos una base nacional de fosas. De nada sirve encontrar a nuestros desaparecidos si van a ser víctimas de una segunda desaparición en las fosas comunes”, denunció Cecilia Delgado, del colectivo Buscadoras por la Paz de Sonora, grupo que documentó más de 70 fosas y 102 cuerpos recuperados durante 2025 en esa entidad.
Por su parte, especialistas del Violence and Transitional Justice Lab de la Universidad de Notre Dame y de Data Cívica señalaron que la falta de un Registro Nacional de Fosas Clandestinas actualizado y de acceso público imposibilita medir la efectividad de las fiscalías y conocer el destino final de los restos exhumados: cuántos han sido identificados, cuántas carpetas de investigación se han judicializado y cuántas personas han sido devueltas a sus familiares.
Las organizaciones coordinadoras del proyecto insistieron en que las cifras presentadas representan solo una fracción de la realidad nacional, acotada por los límites del acceso a la información pública y las trabas en la rendición de cuentas.
Ante este panorama, la Plataforma Ciudadana de Fosas hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para establecer registros unificados, transparentes y verificables, argumentando que el acceso a la verdad sobre los hallazgos y la identificación forense constituye una obligación ineludible del Estado mexicano frente a las víctimas y la sociedad.
Aqui el informe completo…👇
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