Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de julio del 2026.- El avance de megaproyectos energéticos en el territorio estatal ha vuelto a colocarse en el centro del debate público tras las denuncias emitidas por organizaciones defensoras del medio ambiente y del territorio. En específico, el proyecto del gasoducto Saguaro (también denominado en documentos oficiales como Sierra Madre) ha encendido fuertes alarmas no solo por su perfil ecológico, sino por las cuestionables prácticas de opacidad e injerencia institucional bajo las cuales se ha apuntalado en la entidad, informó el colectivo de Salvemos los Cerros.
Uno de los flancos más criticados por los colectivos es la actuación del Gobierno del Estado de Chihuahua. Operando a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y la Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), la administración estatal firmó un Convenio Marco de Cooperación y Coordinación el pasado 14 de noviembre de 2023 —en el marco del Foro-Expo Internacional de Energía— con el propósito de respaldar la materialización de este megaproyecto energético que contempla una inversión privada histórica estimada en 15 mil millones de dólares.
Sin embargo, el acto administrativo arrastra graves vicios de opacidad y legalidad:
Invasión de competencias federales: El proyecto del gasoducto Saguaro escapa de las facultades estatales, tratándose de una obra de estricta competencia federal, a pesar de que el acuerdo firmado por el Ejecutivo local compromete a dependencias estatales a facilitar trámites y designar enlaces operativos para agilizar licencias y permisos ante instancias federales, estatales y municipales.
Censura y opacidad: El convenio oficial mantiene completamente censurado el nombre de la empresa privada involucrada con la que se estableció el compromiso de apoyo, dejando en la sombra a los beneficiarios de la megaobra de 800 kilómetros de longitud que atravesará seis municipios de Chihuahua y diez de Sonora para conectar con la planta de licuefacción Saguaro Energía en Puerto Libertad.
Más allá de los acuerdos políticos y la falta de transparencia —donde incluso se estipula una vigencia del convenio hasta el 1 de septiembre de 2027 bajo jurisdicción de los tribunales locales—, el núcleo de la oposición por parte de defensores del medio ambiente e integrantes del colectivo de Salvemos los Cerros radica en el impacto ambiental inminente. Las organizaciones alertan sobre la magnitud destructiva que implica abrir una zanja de 800 kilómetros de longitud.
Este trazo pretende cruzar por áreas de alta fragilidad y sensibilidad ecológica, específicamente a través de acuíferos salinos. De acuerdo con las advertencias técnicas del colectivo Salvemos los Cerros, la excavación y alteración de estos mantos subterráneos plantea un riesgo crítico y latente: que el agua dulce de la región se mezcle con la salada, destruyendo irreversiblemente la calidad hídrica en una zona que de por sí padece una extrema vulnerabilidad ambiental y escasez de recursos.
A ras de tierra, el gasoducto Saguaro se perfila no solo como un eslabón más del modelo de combustibles fósiles, sino como un recordatorio de cómo la planeación gubernamental opera de espaldas a la transparencia —avalando convenios millonarios bajo reserva y esquemas de coadyuvancia fuera de su jurisdicción— y poniendo en riesgo el patrimonio natural de los chihuahuenses.
