Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad de México., a 28 de septiembre del 2026.- Ante el constante despojo patrimonial que sufren adultos mayores y personas con discapacidad por parte de familiares y cuidadores, la diputada Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y tipificar formalmente como abuso de confianza el uso no autorizado de tarjetas y fondos de programas sociales. Dicha propuesta plantea agravar hasta en una tercera parte las penas vigentes —que actualmente van de seis meses a seis años de prisión— cuando el delito sea cometido por parientes, tutores o personas en condición de «notoria confianza».
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, busca modificar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal. Asimismo, contempla un artículo transitorio para obligar a las fiscalías y al Banco del Bienestar a implementar protocolos accesibles para la recepción de denuncias y canalización de reportes sobre la retención ilícita de estos plásticos.
Aunque la propuesta visibiliza una problemática real, dolorosa y sistemática dentro del ámbito familiar, la intención de resolver la vulnerabilidad de los beneficiarios únicamente por la vía punitiva deja al descubierto serias contradicciones de fondo:
El argumento central de la iniciativa reconoce que las personas adultas mayores y con discapacidad enfrentan barreras de movilidad, debilidad visual y una profunda brecha digital para cobrar sus apoyos. Sin embargo, en lugar de corregir la falta de atención personalizada, ventanillas prioritarias o mecanismos biométricos de cobro directo en las sucursales del Banco del Bienestar, la iniciativa traslada la responsabilidad de la seguridad al propio beneficiario y criminaliza el entorno familiar cuando la confianza se rompe.
Tipificar la conducta y endurecer las penas no garantiza que las víctimas acudan a denunciar. Para un adulto mayor que depende económicamente o físicamente de un hijo, nieto o cuidador abusivo, acudir ante el Ministerio Público a interponer una denuncia penal que podría enviar a su familiar a prisión resulta una quimera. Sin redes de protección social o asilos públicos que los respalden, la amenaza de cárcel no actúa como un disuasivo eficaz.
La adición transitoria que pretende obligar al Banco del Bienestar a recibir reportes de retención ilícita choca con la capacidad operativa actual de la institución, la cual ya registra saturación en sus sucursales. Sin un órgano administrativo o de procuraduría social que acompañe a la víctima en la recuperación inmediata del dinero o en la reexpedición expedita de la tarjeta, el trámite penal corre el riesgo de convertirse en un expediente archivado más.
La bancarización masiva de las pensiones no contributivas avanzó a paso firme, pero la infraestructura institucional no adaptó sus mecanismos a las limitaciones físicas y cognoscitivas de millones de beneficiarios. Pretender frenar la expoliación patrimonial mediante el Código Penal evidencia el uso del derecho punitivo como un sustituto de la falta de diseño de política pública e inclusión financiera accesible.
