Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 24 de septiembre del 2020.-La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que se estima que el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021 que será aprobado más tardar por la Cámara de Diputados el próximo 20 de octubre y por la Cámara de Senadores el 31 de ese mismo mes presenta una caída del 6.7 por ciento para Chihuahua con respecto al del año pasado.
De acuerdo con la diputada federal Patricia Terrazas Baca, el Gobierno Federal pretenderá para el próximo año incrementar a casi 21 mil nuevas plazas dentro de la Guardia Nacional (GN), pero al mismo tiempo no se contemplan recursos para el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
Aunado a estas acciones, la legisladora federal por Chihuahua, denunció que conforme ha transcurrido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador opta por una mayor agresividad fiscal contra los contribuyentes cautivos, sin actuar en contra de la informalidad.
Terrazas Baca, explicó que las reformas fiscales que se prevén aprobar no incluyen incentivos que impulsen la inversión y con ello el crecimiento económico. Tampoco observamos ningún interés en evitar la pronunciada caída del empleo, el cual a la fecha rebasa ya el millón de plazas perdidas.
Agregó que el Presupuesto de Egresos de la Federación tendrá una serie de modificaciones agresivas al Código Fiscal de la Federación en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Es decir que si una donataria autorizada recibe más del 50 porciento de sus ingresos por concepto de actividades no vinculadas con su objeto social, perderá su autorización.
Reforzando además la regulación de los “servicios digitales”, e decir que, la venta de muebles usados a través de servicios digitales de intermediación serán sujetos al impuesto.
También el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se propone el establecimiento de un esquema de cuotas complementarias aplicable a los combustibles automotrices (diesel y gasolina), lo que podría implicar una tasa adicional o sobretasa, denunció Patricia Terrazas Baca.
Derivado a estas acciones se prevé el encarecimiento de la formalidad, mientras que no vemos ningún esfuerzo por reducir la informalidad. Dichas acciones nos inquietan los alcances de la reclasificación de operaciones del artículo 5-A
Es decir que, si una persona celebra un contrato de arrendamiento y la autoridad fiscal decide reclasificarlo como una compraventa, esto derivaría en consecuencias penales. Esta propuesta ya se había rechazado el año pasado, porque se presta a muchos abusos, y ahora se vuelve a insistir en ella.
Por otra parte, el Presupuesto de Egresos de la Federación pone obstáculos a los contribuyentes para las solicitudes de devolución de impuestos.
Además las autoridades fiscales utilizarán herramientas tecnológicas, como cámaras fotográficas, video y celulares, (violación al derecho a la intimidad de los contribuyentes), denunció la diputada federal.
Derivado a estas acciones estamos muy lejos de tener una legislación fiscal que genere certidumbre legal a los pagadores de impuestos; que sea justa e implacable en contra de la informalidad.
Por ese motivo, la diputada federal reitero la exigencia a las y los legisladores de todos los partidos para que modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a las Leyes de ISR, del IVA y del IEPS.
Deben corregir y mejorar la iniciativa del Gobierno Federal y deben hacerlo pensando en impulsar el sector productivo y con ello proteger el empleo formal.
