Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 9 de octubre del 2026.- Apenas un mes después de cortar el listón de un megaproyecto de la “Torre Centinela”, el exjefe de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Gilberto Loya Chávez es instalado como «encargado de despacho» de la Fiscalía General del Estado (FGE) y en su lugar quedó a cargo, Luis Ángel Aguirre.
La reestructuración del Gabinete de Seguridad anunciada por la gobernadora por Campos Galván dejó al descubierto una jugada donde los méritos operativos pasan a segundo término para darle paso al cálculo político, pues con la salida de Francisco Sáenz Soto y la llegada de Gilberto Loya Chávez a la FGE no solo consuma la imposición de un «fiscal carnal» a la medida de Palacio de Gobierno, sino que premia una gestión caracterizada por los retrasos y el uso de las dependencias públicas como plataforma electoral.
Durante cuatro años, Gilberto Loya Chávez defendió desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) la construcción de la emblemática Torre Centinela en Ciudad Juárez. Presentada como la panacea de la inteligencia policial y justificante de contrataciones millonarias directas, la obra sufrió constantes prórrogas y sobrecostos hasta su inauguración formal en septiembre de 2026.
Sin embargo, a escasos 30 días de haber encabezado el corte de listón de un «coloso» que apenas comenzó a operar por etapas y sin estar concluido al 100%, Loya Chávez abandona la SSPE dejando la estrategia de seguridad estatal a medio camino para asumir la procuración de justicia.
El relevo en la FGE ocurre en un momento crítico para el Partido Acción Nacional, donde el propio Gilberto Loya ha medido activamente sus aspiraciones de cara al proceso electoral de 2027. Tras haberse destapado públicamente como aspirante a la gubernatura, y ante la recomposición de las fichas dentro del gabinete de María Eugenia Campos Galván, el nombre de Gilberto Loya Chávez se posiciona sobre la mesa como la carta fuerte de Palacio de Gobierno para convertirse en el «fiscal carnal», en caso de ser aprobada la Reforma Constitucional que busca otorgar autonomía a la institución.
La gobernadora afirmó que busca dar a la FGE la «misma exigencia de resultados» que en seguridad. No obstante, entregar la persecución del delito a quien tardó cuatro años en levantar la sede de su proyecto insignia enmarca una clara contradicción entre el discurso de la eficiencia y la realidad operativa.
La designación de un perfil con abiertas ambiciones electorales para la Fiscalía vulnera la neutralidad del órgano investigativo. Existe el riesgo latente de que la procuración de justicia se administre con criterio político-electoral, persiguiendo o archivando carpetas según convenga a la contienda interna del PAN y a la precampaña de su nuevo titular.
Al colocar como encargado de la FGE a quien dirigió la policía preventiva y el despliegue de la Plataforma Centinela, el gobierno estatal rompe la línea divisoria entre la detención policial y la investigación ministerial, convirtiendo al nuevo «fiscal carnal» en juez y parte de la actuación de los propios cuerpos de seguridad.
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