Por: La Redacción.
Chihuahua, Chih., a 27 de septiembre del 2024.- El magistrado de la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), Luis Eduardo Naranjo Espinoza inhabilitó al exgobernador y actual senador de la república por el Partido Morena, Javier Corral Jurado por el período de un año para ejercer cargos públicos.
Esta sanción impuesta por parte del TEJA se desprende de una denuncia interpuesta por el ahora exdiputado local por el PRI, Omar Bazán Flores quien desde el pasado 2019 denunció a Corral Jurado por el delito de enriquecimiento ilicito y defraudación fiscal tipificada en el artículo 60 de la Ley General por la compra de un terreno para ampliar su casa en la calle Costa Rica, colonia Partido Romero, Ciudad Juárez.
La sanción administrativa contra Corral Jurado consiste en la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos, comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, las cuales se deberán de ejecutarse en términos de lo previsto en el ordinal 225 fracción I de la Ley General.
Bazán Flores explicó que la acusación en contra Corral Jurado fue interpuesta en el 2019 cuando el ahora senador por Morena era gobernador del estado de Chihuahua, primero se extravió la denuncia, posteriormente en mayo del 2024 se reactivó con la entrada del exfiscal Javier Fierro Duarte quien asumió la titularidad de la Secretaría de la Función Pública y quien entregó el expediente al TEJA con los resultados que hoy conocemos.
Fue en agosto del 2024 que el TEJA de Chihuahua publicó en su lista de acuerdos y resoluciones del 6 de agosto de 2024 que asumía su competencia en sede jurisdiccional especializada para tratar el expediente JRA 073/2024-3.
Sentencia como parte de una venganza política
En respuesta, el senador Javier Corral Jurado acusó al magistrado del TEJA, Luis Eduardo Naranjo Espinoza de emitir una sentencia a “modo” parte de una venganza política que lleva en su contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
“Para este magistrado oculté y no declaré la existencia de un terreno, lo que de acuerdo a su interpretación se debe entender como enriquecimiento oculto. Por lo que resolvió cometí esa falta administrativa y pretende sancionarme con un año de inhabilitación”.
Conforme a la ley, la obligación de un servidor público es declarar los bienes que forman parte de su patrimonio, cualquiera que sea la forma de traslación de su dominio; en ese sentido el predio que presuntamente ocultó el senador cuando fungía como gobernador de Chihuahua, consta de un terreno baldío de 270 metros cuadrados que aún no forma parte de su patrimonio.
“Sólo tengo su posesión, generada por un contrato de promesa de compraventa, que estipula precisamente eso, una obligación a futuro. Un contrato de promesa de compraventa no es traslativo de dominio, no genera ninguna clase de derechos reales a las partes que lo suscriben”, explicó Corral Jurado.
Actualmente, las declaraciones de situación patrimonial se presentan por Internet, a través de formatos estandarizados que son emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y en esos formatos ni siquiera se contempla espacio alguno para declarar bienes inmuebles respecto de los cuales se tenga un contrato de promesa de compraventa.
Por lo anterior, únicamente es posible manifestar en esas declaraciones los inmuebles que son patrimonio del declarante bajo cualquier título que haya adquirido: compraventa, donación, herencia; pero no está previsto espacio alguno en el que se pueda declarar un bien, del cual uno aún no es el dueño, explicó el senador por Morena.
Agregó que, “la ley define que incurrirá en enriquecimiento oculto el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial, cuyo fin sea ocultar el incremento en su patrimonio, que no sea explicable o justificable; por su puesto, este magistrado de consigna soslayó acreditar que el incremento patrimonial derivado de la posesión del aludido predio fuera injustificable o inexplicable, pues como he demostrado públicamente el valor de ese contrato de promesa de compraventa es por la cantidad de 200 mil pesos, lo que podía sufragar con dos meses de mi salario como gobernador”.
Por lo que calificó el proceso en su contra como un asunto de tipo “político” en su contra derivado de la lucha que encabezó durante su administración contra el exgobernador priista César Duarte Jáquez y sus cómplices.
Lo verdaderamente inaúdito y escándaloso es todo lo que María Eugenia Campos ha tenido que realizar para llevar a cabo esta venganza: en tiempo récord, hizo reformar la ley, para crear dos nuevas magistraturas al TEJA, un proceso que sólo duró siete días y que publicó el mismo día que fue aprobado por el Congreso del Estado.
Como resultado de este proceso a modo, Priscila Soto Jiménez y Luis Eduardo Naranjo Espinoza resultaron designados como Magistrados del TEJA y, a éste último, que es amigo íntimo del secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, le reasignaron mi expediente de presunta responsabilidad.
Tal y como lo adelante no me sorprende esta resolución, siempre supimos que se trataba de una consigna; sin embargo, impugnaré la resolución mediante los medios ordinarios de defensa, y de ser el caso, agotaré ésta con un juicio de amparo, con el propósito de exhibir la maniobra, su podredumbre e inmundicia.
Este caso demuestra que el afán de venganza y revanchismo del PRIAN en Chihuahua no cesa. Una persecución política desde distintas estrategias, acoso mediático, agresiones físicas, encauzamiento penales y administrativos, intentos de secuestro y ahora, la pretendida inhabilitación, por una acusación absurda, sin sustento.
