Por: La Redacción.
Nueva York, EUA., a 21 de julio del 2026.- El gobierno de los Estados Unidos se desmarcó del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, mientras que fiscales federales señalaron directamente a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, como el responsable de planear y ejecutar el plagio del histórico líder del cártel de Sinaloa para entregarlo a las autoridades estadounidenses y buscar beneficios en su propio caso.
A pregunta expresa durante las conferencias posteriores a la sentencia a cadena perpetua de Zambada, el fiscal federal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York, confirmó que fue Guzmán López quien, al declararse culpable, afirmó haber orquestado el secuestro.
Según las declaraciones de la fiscalía, el hijo de “El Chapo” pretendía obtener concesiones procesales del gobierno estadounidense a cambio de la entrega de Zambada. Sin embargo, Nocella Jr. aseguró que las autoridades dejaron en claro que no avalan prácticas de secuestro y que el imputado no recibiría ningún reconocimiento ni beneficio por acciones de esa índole.
A pesar de la postura institucional de deslinde por parte de Washington, la versión oficial deja abiertas múltiples interrogantes operativas. Entre los vacíos sin respuesta destacan:
- La línea de tiempo exacta y la forma en que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estableció contacto con el hijo de “El Chapo”.
- De qué manera las autoridades conocieron los detalles específicos de la aeronave empleada.
- Los motivos por los cuales se permitió su ingreso a territorio estadounidense para concretar la captura de Zambada.
Paralelamente al deslinde sobre la privación de la libertad, el Departamento mantiene abierta la presión sobre Zambada para que coopere con información sobre otros narcotraficantes y políticos en México, una de las prioridades principales de la administración del presidente Donald Trump.
Al ser cuestionado sobre si cesarán las presiones para obligar a Zambada a colaborar, el fiscal Nocella Jr. evitó confirmar o negar acciones en proceso amparándose en que no pueden revelar información sobre investigaciones en curso. En la misma línea, el administrador de la DEA, Terry Cole, declinó hacer comentarios sobre los avances de casos activos.
El historial criminal de Zambada, que abarca desde la década de 1970, cruza por múltiples administraciones federales y locales en México, incluyendo gobiernos del PRI, PAN y Morena. Durante el proceso judicial, los fiscales enfatizaron que el crecimiento de la estructura criminal operó bajo el amparo de redes de corrupción gubernamental, ejemplificadas en su momento por figuras como el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, vinculado a los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Hasta el momento, la defensa de Zambada —encabezada por el abogado Frank Pérez— sostiene que su cliente no mantiene ningún acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses. No obstante, analistas apuntan a que la presión del gobierno de EE. UU. podría intensificarse, especialmente si el narcotraficante no consigue las condiciones médicas solicitadas por su equipo legal, lo que deja abierta la puerta a posibles revelaciones sobre nexos entre el narcotráfico y la clase política mexicana.
