Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 5 de octubre del 2026.- La presidenta del Congreso del Estado, la diputada panista Jocelin Vega Vargas, ratificó el uso del adjetivo “narcocoordinador” para referirse al edil con licencia de Ciudad Juárez y coordinador de la defensa de la 4T en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, al ser confrontada sobre la falta de denuncias formales ante las autoridades procuradoras de justicia, la legisladora deslindó su responsabilidad institucional y argumentó que la vía legal recae de forma exclusiva en la dirigencia estatal de su partido, es decir en Daniela Álvarez Hernández.
Tras las advertencias de Pérez Cuéllar sobre emprender acciones legales por difamación, Vega minimizó los amagos de litigio y sostuvo que el legislativo y su bancada mantendrán la retórica contra aquellos perfiles a quienes atribuyen nexos con el crimen organizado.
«Nosotros seguiremos llamando así a las personas que tengan alguna relación en este sentido… se tendrá que nombrar hasta donde se tenga que nombrar y decir las cosas como son», aseveró la presidenta del Poder Legislativo local.
Al ser cuestionada expresamente sobre por qué el grupo parlamentario o el propio Congreso no han acudido ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Fiscalía Anticorrupción para formalizar los señalamientos con pruebas documentadas, Vega Vargas evadió asumir la carga de la denuncia y trasladó la responsabilidad a la lideresa estatal del PAN, Daniela Álvarez.
«Ese es un tema que le compete propiamente al partido, le compete a mi dirigente estatal Daniela Álvarez y ella que haga lo conducente. Yo en este momento no tengo por qué hacer ningún tipo de especificaciones porque no me compete a mí», argumentó.
Asimismo, al insisitirle sobre la exigencia de celeridad en las carpetas de investigación, la legisladora justificó la omisión jurídica alegando una supuesta protección federal hacia perfiles de Morena, mencionando a figuras nacionales como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; Andrés López Beltrán; y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
