Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de septiembre del 2026.- La autonomía del Poder Judicial no constituye una prerrogativa de inmunidad frente a la crítica social ni exime a los juzgadores de rendir cuentas, advirtió el coordinador de las y los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.
Durante su posicionamiento, el legislador enfatizó que la división de poderes está diseñada para impedir la concentración del poder y no para erigir estructuras gubernamentales exentas de escrutinio público. Si bien reconoció que jueces y magistrados requieren independencia para dictar sus fallos, aclaró que las resoluciones controversiales son susceptibles de ser analizadas y cuestionadas por la sociedad y sus representantes.
“Una cosa es la independencia y autonomía para impartir justicia y otra muy distinta pretender que una resolución controvertida no pueda ser cuestionada”, puntualizó Estrada Sotelo.
Para ilustrar su postura, el diputado se refirió a un caso reciente en el que un presunto responsable de un accidente vial —en el cual falleció un hombre de 62 años— obtuvo un cambio de medida cautelar que le permitió pasar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Al respecto, argumentó que este tipo de determinaciones judiciales detonan cuestionamientos legítimos que las autoridades jurisdiccionales no pueden eludir bajo el argumento exclusivo de su autonomía.
Ante posibles anomalías en el sistema de impartición de justicia, el coordinador parlamentario recordó la existencia de herramientas de control institucional, como el Tribunal de Disciplina, facultado para indagar probables irregularidades en el desempeño de los operadores jurídicos sin que esto vulnere su independencia sustantiva.
En su argumentación, el representante de Morena apeló al nuevo diseño institucional derivado de la elección de juzgadores por vía del sufragio popular, subrayando que dicha legitimidad democrática incrementa la obligación de responder ante la ciudadanía en lugar de aislar a las instituciones.
“La sociedad tiene derecho a cuestionar. Y si el trabajo está bien hecho, pues nada que temer”, concluyó el legislador, ratificando la facultad del Poder Legislativo para fijar postura ante decisiones judiciales que impacten de manera directa en el orden social y la procuración de justicia en la entidad.
