Por: La Redacción.
Ciudad Juárez, Chih., a 1 de agosto del 2026.- A más de un año del hallazgo de más de 380 cadáveres apilados en las instalaciones del Crematorio Plenitud, al sur de Ciudad Juárez —descubierto en junio de 2025—, el caso continúa envuelto en la opacidad institucional y la falta de sanciones efectivas. Ante este panorama, la diputada por Morena, María Antonieta Pérez Reyes, condenó públicamente el amparo concedido a José Luis Arellano Cuarón, recurso legal que frena su captura y evita que responda penalmente por los delitos imputados.
«Es lamentable que la justicia no alcance para someter al imperio de la ley a personas que, por omisión, complicidad o simplemente por la avaricia de obtener más dinero en sus negocios, dejaron de cumplir con la supervisión más básica del proceso de cremación», señaló la legisladora, sumándose al reclamo de cerca de mil 600 familias que enfrentan la incertidumbre de haber recibido restos de animales en lugar de las cenizas de sus seres queridos.
Durante su posicionamiento, la congresista juarense dirigió severas críticas hacia la administración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a la que acusó de incurrir en complicidad institucional al encubrir y mantener en sus puestos a los mandos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).
«El Gobierno del Estado ha sido cómplice al mantener en sus cargos a los responsables de Coespris, en funciones tan delicadas como la supervisión de los crematorios. Lejos de cumplir con su obligación, promovieron la opacidad en los procesos de cremación; no hicieron su trabajo como lo establece la ley ni actuaron con el más mínimo principio de ética», aseveró.
Pérez Reyes enfatizó que, pese a la magnitud de la crisis sanitaria y social, hasta el momento la delegada de la dependencia en Ciudad Juárez y el titular estatal continúan en funciones, sin que se hayan registrado destituciones o sanciones administrativas contra los funcionarios encargados de la vigilancia sanitaria.
Finalmente, la representante popular advirtió que mantendrá la exigencia desde el Congreso del Estado para evitar que el caso se convierta en un episodio más de impunidad, urgiendo a que las instancias judiciales y gubernamentales garanticen justicia y certidumbre jurídica para las familias afectadas.
