Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 19 de octubre del 2026.- México se encuentra en el centro de la atención geopolítica y del derecho humanitario internacional. En un hecho sin precedentes impulsado por el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) y a solicitud del secretario general de la ONU, António Guterres, la Asamblea General debatirá la posibilidad de ofrecer ayuda técnica al Estado mexicano para enfrentar la aguda crisis de desapariciones forzadas que acumula más de 130 mil casos reconocidos.
Ante este escenario, la respuesta del gobierno federal ha sido de férrea oposición. Funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Migración y de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron desplegados en Nueva York con el objetivo de persuadir a los Estados miembros de rechazar la medida. La postura oficial sostiene que la crisis quedó en el pasado —reducida a la «Guerra Sucia» o a administraciones anteriores— y argumenta que las desapariciones actuales no constituyen delitos de lesa humanidad al no ser cometidas directamente por agentes del Estado, defendiendo además los avances institucionales y el diálogo con las familias de las víctimas.
Frente a la narrativa gubernamental, diversos expertos nacionales e internacionales —como Santiago Corcuera, Ángela Buitrago, Jacobo Dayán y Javier Sicilia, entre otros— han señalado los vacíos y contradicciones del discurso oficial.
De acuerdo con el derecho penal internacional, la desaparición forzada puede tipificarse como delito de lesa humanidad no solo por la acción directa de autoridades, sino también cuando es perpetrada por particulares —como la delincuencia organizada, convertida en un poder paralelo en vastas regiones del país— bajo la aquiescencia, consentimiento o tolerancia de funcionarios públicos. Para los especialistas, la acumulación de crímenes no prevenidos ni perseguidos eficazmente, sumada a la inoperancia institucional, coloca bajo sospecha internacional el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.
La resistencia del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo a aceptar el escrutinio y la asistencia técnica de la ONU refleja una postura institucional centrada en la defensa de la soberanía formal, pero vulnerable ante la realidad del terreno. Al minimizar la magnitud de un fenómeno que afecta no solo a combatientes del crimen, sino a migrantes, menores reclutados y mujeres, la administración federal opta por la confrontación diplomática en lugar de aprovechar un recurso internacional concebido precisamente para contextos donde la capacidad o la voluntad estatal se han visto rebasadas.
El examen ante la Asamblea General de la ONU no representa únicamente una evaluación técnica, sino un punto de inflexión político: o el Estado mexicano asume con autocrítica la dimensión sistémica de la tragedia de los desaparecidos, o profundiza su aislamiento frente a los estándares globales de justicia y derechos humanos.
