Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 21 de junio de 2026.- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, responsabilizó al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la crisis del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a raíz de la protección gubernamental a funcionarios morenistas vinculados con el crimen organizado.
La mandataria estatal se pronunció en contra de cualquier intervención militar unilateral en territorio nacional, calificándola como una amenaza a la integridad del país. No obstante, advirtió que una defensa real de la soberanía nacional es incompatible con la protección de funcionarios señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Lo que hoy se discute fuera del país como una posibilidad, no surgió de la nada; surgió de la decisión del régimen morenista de proteger a gobernantes y funcionarios que la justicia de Estados Unidos señala por vínculos con el crimen organizado”, afirmó Campos Galván.
El punto medular del pronunciamiento fue la exigencia directa al Gobierno Federal para que proceda legalmente contra figuras de su partido. Campos Galván hizo un llamado explícito a la administración federal para que “no sacrifique a un país entero por poner a su partido por encima de la ley”, haciendo énfasis en el caso del gobernador Rubén Rocha Moya.
Para la gobernadora, la entrega de Rocha Moya y sus presuntos cómplices no debe ser vista como una concesión política, sino como una medida necesaria para restaurar la confianza internacional, proteger el T-MEC y evitar posibles represalias comerciales o de seguridad que, a su juicio, pondrían en riesgo el desarrollo económico y el empleo de millones de familias mexicanas.
La titular del Ejecutivo estatal fue enfática al señalar que la narrativa del “falso patriotismo” utilizada por el oficialismo busca desviar la atención de lo que ella denominó un “narcogobierno”. Según Campos , el mayor riesgo para la soberanía nacional no proviene de presiones extranjeras, sino de la pérdida del control político frente a las estructuras delictivas, lo cual debilita al Estado de derecho desde sus cimientos.
“La única razón por la que hoy vivimos esta situación es la negativa del gobierno federal a procesar a los suyos. Eso es impunidad”, sentenció.
Finalmente, Campos Galván responsabilizó al Gobierno de la 4T de cualquier consecuencia económica o de seguridad que derive de la inacción ante las solicitudes de justicia internacionales. Advirtió que, de perderse el tratado comercial o de presentarse incursiones externas, la responsabilidad recaerá exclusivamente en el oficialismo por su negativa a romper los presuntos vínculos entre la estructura política y el crimen organizado.
El llamado de la mandataria chihuahuense marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo estatal y la Federación, escalando el debate sobre la narcopolítica hacia las implicaciones directas en la estabilidad financiera y el futuro del T-MEC.
Sin embargo, el discurso de la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre la urgencia de combatir la narcopolítica se enfrenta a un espejo histórico que el oficialismo estatal parece preferir ignorar. Resulta imperativo recordar que el fenómeno del contubernio entre estructuras partidistas y grupos delictivos en Chihuahua no nació con la actual administración federal.
La memoria periodística guarda el legado de Miroslava Breach Velducea, quien, desde su trinchera en La Jornada, documentó con pruebas irrefutables cómo el PRI y el PAN facilitaron la imposición de candidatos bajo el control de grupos criminales en la sierra chihuahuense.
En este contexto, la exigencia de castigo por vínculos con el crimen organizado —hoy dirigida exclusivamente hacia la 4T a raíz del caso Rocha Moya— se percibe como una postura selectiva que resulta difícil validar la indignación actual de quienes, en su momento, omitieron la responsabilidad de sus propios cuadros en la entrega del poder político al brazo armado del Cártel de Sinaloa, hecho que culminó en el asesinato de Breach Velducea.
La lucha contra la narcopolítica carecerá de legitimidad moral mientras la clase política local mantenga una amnesia conveniente sobre su propia historia y se niegue a reconocer que la filtración del narco en las instituciones ha sido, lamentablemente, una estrategia bipartidista y no una excepción de un solo color.
