Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 17 de agosto del 2026. — Lejos de asumir la responsabilidad que le compete como titular del Ejecutivo estatal frente a la crisis de seguridad donde el estado de Chihuahua ocupa el 3er lugar a nivel nacional, la gobernadora María Eugenia Campos Galván optó por subirse al templete mediático para lanzar un discurso visceral y criticar el retiro de visas americanas a personajes políticos de la izquierda.
«Pues mira, esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Las personas que juegan con el crimen organizado, que juegan… las personas que están involucradas en hechos delictivos, eh, ya lo dijo Estados Unidos: el otorgar la visa no es un derecho, es un privilegio. Y bueno, pues ellos jugaron con fuego y se quemaron…», declaró de forma triunfalista Campos Galván.
En ese sentido, Campos Galván justificó las acciones e injerencias de agencias extranjeras bajo la premisa de que los visados internacionales «son un privilegio y no un derecho».
Sin embargo, el uso faccioso de este tipo de coyunturas deja al descubierto una doble moral política: mientras la mandataria aplaude medidas punitivas externas para golpear a sus adversarios, evade sistemáticamente la autocrítica sobre la impunidad, la violencia y el colapso institucional que imperan al interior de su propio territorio.
Campos Galván olvido que la obligación fundamental de un gobierno estatal es garantizar la paz y la justicia local, y no fungir como vocera de intereses o sanciones extranjeras ni partidarias. Pues en lugar de ofrecer soluciones tangibles a las demandas históricas de las familias chihuahuenses —en materia de salud, infraestructura y seguridad pública—, la administración estatal insiste en reciclar una narrativa de confrontación permanente. Al calificar a sus opositores con adjetivos descalificativos y trasladar el debate político al terreno de la descalificación personal.
En ese sentido, la titular del Ejecutivo demuestra que su prioridad no es la reconciliación social, ni la colaboración con la federación para el bien común, sino el aprovechamiento electoral de la tragedia y el conflicto.
La postura de Palacio confirma que, para la actual administración, el ejercicio del poder se reduce a la trinchera partidista, utilizando el micrófono oficial no para gobernar para todas y todos los chihuahuenses, sino para perpetuar una disputa estéril de descalificaciones mutuas mientras los problemas reales del estado continúan sin respuesta.
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