Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 29 de diciembre del 2025.- Entre 2020 y 2024, se documentaron 59 desapariciones de defensores del medio ambiente y del territorio en México, según informó Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Estas desapariciones han ocurrido durante el ejercicio de su labor, y las víctimas, principalmente de comunidades indígenas, han enfrentado agresiones de policías, autoridades estatales y municipales, empresas privadas, grupos de delincuencia organizada y paramilitares.
Al respecto, Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, señaló la ausencia de registros oficiales, lo cual impide el diseño de políticas públicas adecuadas para abordar este problema.
Las políticas existentes son, a menudo, insuficientes para proteger a los activistas. Citroni destacó que existe una tasa de impunidad casi absoluta debido a la complejidad de estos crímenes, así como a la pluralidad de los perpetradores.
Los defensores del medio ambiente son extremadamente vulnerables y frecuentemente estigmatizados, enfrentando violencia y criminalización. Esta situación genera desconfianza y aumenta la vulnerabilidad de estas personas, disminuyendo la atención e indignación social hacia la defensa de la tierra.
Gustavo Alanís identificó la instalación de megaproyectos como uno de los principales factores de riesgo en las desapariciones. Estos proyectos a menudo se llevan a cabo sin garantizar el acceso a la información ni la participación pública en las decisiones ambientales, afectando principalmente a territorios indígenas. La colusión entre autoridades, empresas privadas y el crimen organizado incrementa el riesgo para los defensores, creando una violencia estructural generalizada.
La falta de acceso a la justicia contribuye a la continuidad de las desapariciones de activistas ambientales. La insuficiencia en la investigación de desapariciones previas favorece la perpetuación de estas agresiones. Alanís subrayó la necesidad de una política pública integral que aborde las causas estructurales del problema y mejore la coordinación institucional para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.
En 2024, América Latina fue la región más letal para los defensores del medio ambiente, con 120 casos de asesinatos o desapariciones registrados, de un total de 143 a nivel mundial. Colombia, Guatemala y México encabezaron la lista de países más peligrosos. Las disputas por tierras y la presión de industrias extractivas, agroindustria y crimen organizado son factores clave en estos ataques, que afectaron principalmente a pueblos indígenas.
Desde 2012, Global Witness ha documentado más de 2,250 asesinatos y desapariciones de defensores del medio ambiente en todo el mundo. El Acuerdo de Escazú, adoptado en 2018, busca proteger a los ambientalistas al garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en decisiones ambientales y medidas para prevenir y castigar ataques contra defensores del medio ambiente. Sin embargo, la implementación de este tratado sigue siendo un desafío crítico.
