Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 27 de julio del 2026.- Ante los señalamientos del Grupo Parlamentario de Morena sobre la propuesta de permitir la condonación y enajenación directa de terrenos estatales sin la autorización previa del Congreso local, el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, evadió el fondo técnico del debate político y optó por descalificar nuevamente al coordinador de la bancada morenista, diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo achacándole «experiencia personal» e involucrando a actores federales de Morena en señalamientos de corrupción y supuestos nexos con el narcotráfico.
La polémica surge luego de que desde el Poder Legislativo se advirtiera sobre los riesgos de eliminar candados de fiscalización en bienes inmuebles destinados al desarrollo económico, bajo la advertencia de que la medida responde a prácticas de fin de administración.
La polémica legislativa contrasta con los antecedentes de opacidad y falta de fiscalización en el manejo del patrimonio estatal, evidenciados en casos previos de ventas preferenciales a patrocinadores políticos.
La defensa del funcionario sobre la necesidad de «agilizar trámites» para atraer inversión choca directamente con la realidad administrativa de operaciones pasadas autorizadas por el Congreso y operadas por el Ejecutivo.
El 28 de octubre de 2022, se formalizó la compraventa de un predio de casi 16 hectáreas (159,823.989 metros cuadrados) en el Parque Industrial Chihuahua Sur a favor de American Industries, propiedad del difunto empresario Luis Lara Armendáriz —quien fungió como patrocinador de campaña de la gobernadora María Eugenia Campos Galván—, a un costo de un dólar por metro cuadrado, aplicando un subsidio aprobado por el PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano superior a los 6.3 millones de dólares (más de 134 millones de pesos de entonces).
Diversas instancias oficiales, incluyendo la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, la Junta de Coordinación Política y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, han reconocido mediante solicitudes de información que no cuentan con informes, acciones de seguimiento o resultados de auditoría que documenten el cumplimiento de los compromisos de inversión (85.8 millones de dólares y 2,006 empleos) estipulados en el decreto de enajenación.
Por lo que ante el cuestionamiento directo sobre la eliminación de la aprobación del Congreso en la asignación de predios, el funcionario estatal desvió la atención hacia descalificaciones partidistas, restando importancia a los contrapesos parlamentarios.
De la Peña defendió la reforma argumentando que busca destrabar trámites para incentivar la inversión extranjera directa, respaldándose en los resultados de la reciente gira de la gobernadora por la feria aeroespacial en Londres, Inglaterra.
El secretario atribuyó que las modificaciones previas respondieron al temor institucional y no a un esquema óptimo de control patrimonial del Estado.
En lugar de detallar los mecanismos de transparencia o las reglas de control para evitar discrecionalidad en la entrega de terrenos, el encargado de la política interna prefirió centrar su postura en desestimar las críticas comparándolas con prácticas de corrupción a nivel federal.
