Por: La Redacción.

Ciudad de México., a 14 de mayo del 2026.- En una sesión de la Comisión Permanente marcada por gritos de «entreguistas» y «narcopolíticos», el bloque oficialista de Morena y el PT formalizó una ofensiva total contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acusándola del delito de «traición a la patria» por la presunta incursión de agentes de la CIA en territorio estatal.

El debate parlamentario dejó al descubierto la fractura que divide al país. Mientras Morena utiliza la licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como un ejemplo de «probidad» para presionar a Campos Galván a separarse del cargo, la oposición panista denunció una doble vara de medir.

El líder del PAN, Jorge Romero, advirtió que el Congreso de Chihuahua —donde mantienen la mayoría— funcionará como un muro de contención legal ante cualquier intento de desafuero. Para los blanquiazules, la persecución contra Campos es una cortina de humo para proteger a Rocha Moya de una inminente extradición a Estados Unidos por nexos con el crimen organizado.

La senadora petista Geovanna Bañuelos lanzó el dardo más técnico de la jornada: si Campos no sabía de la presencia de agentes extranjeros, ha perdido el control de su cadena de mando; si lo sabía, ha negociado la soberanía. «La soberanía no se terceriza», sentenció, alineándose con la narrativa de Seguridad Nacional que busca asfixiar la administración chihuahuense.

Por su parte, Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, reviró con violencia retórica, calificando al bloque mayoritario como «narcolegisladores» y defendiendo el desmantelamiento del narcolaboratorio como un acto de servicio a la ciudadanía, independientemente de quién haya participado en la logística.

En medio del estruendo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, puso sobre la mesa el temor que recorre los pasillos de Washington y la Ciudad de México: la inminente intervención de Estados Unidos en territorio nacional. Según Castañeda, las evasivas federales sobre el caso Sinaloa son el «pretexto ideal» para que la administración de Donald Trump justifique una acción directa en suelo mexicano, elevando la crisis de Chihuahua a un asunto de política exterior irreversible.

Con una marcha convocada en la capital de Chihuahua y la exigencia de licencia para ambos gobernadores sobre la mesa, México se encamina a un Mundial 2026 bajo la sombra de investigaciones por narcoterrorismo y una soberanía que parece aplicarse de manera selectiva según el color del estado.

Cree usted el CIA Gate es solo un pretexto para llevar a Maru Campos a un juicio político para colpsar política y mediaticamente el escenario del 2027