Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 3 de octubre del 2025.- Un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos dictó la medida cautelar de prisión preventiva a cuatro policías procesales adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), investigados por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado agravado y tortura en perjuicio de Edwin C. C., de 45 años, quien se encontraba privado de su libertad tras haber sido detenido por presunto narcomenudeo.
Los imputados —identificados por la Fiscalía de Distrito Zona Centro como Ramón Alejandro O. O. (24 años), Carlos Gerardo O. A. (36 años), Silvino P. M. (59 años) y Luis Carlos G. C. (24 años)— permanecerán recluidos en tanto se desahoga la audiencia de vinculación a proceso fijada para el próximo 5 de octubre a las 9:00 horas, bajo la causa penal 2603/2026.
Aunque en un principio las autoridades señalaron que la muerte del interno había sido producto de un altercado físico con el personal de custodia, el rumbo de la causa penal dio un giro determinante tras la difusión de fragmentos en video captados por el propio sistema de videovigilancia institucional.
En el material audiovisual integrado a la carpeta de investigación se observa que el 8 de julio de 2026, en las áreas de «Aduana» y «Aduana-Revisión» del Cereso No. 1 de Aquiles Serdán, la víctima fue sometida físicamente, agredida a golpes, rociada con agua y presionada del cuello con las extremidades inferiores por parte de los elementos, además de emplearse telas para limitar su respiración. Tras el sometimiento, el detenido fue trasladado en silla de ruedas, confirmándose posteriormente su deceso.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida ejecutó las órdenes de aprehensión tramitadas ante la autoridad judicial, mientras que la Subsecretaría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) inició el expediente Q-113/SAI/SSPE/2026 para tramitar la suspensión administrativa del cargo.
La formalización de los cargos penales ha derivado en severos cuestionamientos respecto a los protocolos de actuación, la supervisión de la cadena de mando y la eficacia operativa de los sistemas de videovigilancia al interior del sistema penitenciario.
Diversas organizaciones civiles de derechos humanos, entre ellas COSYDDHAC y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, se han pronunciado sobre el caso para exigir que las indagatorias no se limiten a la responsabilidad material de los cuatro agentes operativos, sino que se extiendan a la cadena de mando del sistema penitenciario —encabezado por la SSPE y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario— para deslindar posibles omisiones o encubrimientos en el monitoreo en tiempo real de las celdas y áreas de revisión.
Corresponderá al Poder Judicial del Estado determinar la situación jurídica de los cuatro imputados al término del plazo constitucional, manteniendo vigente el principio de presunción de inocencia hasta que se dictamine una sentencia definitiva.
