Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Mazatlán, Sin., a 18 de febrero del 2026.- En medio del confeti, la música de banda y el lema “¡Arriba la Tambora!”, el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026 se convirtió en un escenario de protesta y dolor encabezado por un contingente de madres buscadoras y familiares de víctimas de desaparición se integró a la avanzada del evento para exigir justicia y visibilizar la crisis de inseguridad que azota a Sinaloa.
Portando lonas con las fotografías de sus seres queridos —nombres como Jesús Felipe, María Cecilia y Gerardo Michael—, las familias caminaron por la Avenida del Mar. Al paso del grupo, la algarabía del público se transformó en un silencio respetuoso y aplausos de solidaridad, contrastando con la ausencia de autoridades en el templete principal, donde se reportó que ni la alcaldesa Estrella Palacios, ni el gobernador Rubén Rocha Moya se encontraban presentes.
La protesta ocurre en un contexto crítico. Mazatlán se ha convertido en un «punto rojo» debido a la pugna interna entre grupos delictivos del Cártel de Sinaloa. Entre los casos más emblemáticos destaca el de Carlos Emilio (21 años), desaparecido en octubre de 2025; a pesar de existir videos de él en la Zona Dorada antes de su desaparición, las autoridades no han revelado el contenido clave para dar con su paradero.
Asimismo, el pasado 10 de febrero, los colectivos ya habían alzado la voz frente al SEMEFO tras la reciente privación de la libertad de seis turistas del Estado de México; aunque una mujer y una niña fueron liberadas, cuatro hombres continúan desaparecidos.
La lucha de las familias llegó también al Congreso de Sinaloa, donde exigieron que su causa no sea utilizada como bandera política por ningún partido. Esto tras la cancelación de una búsqueda en la zona de El Verde, Concordia donde se localizaron restos de mineros desaparecidos debido a la falta de garantías de seguridad.
Micaela González, del colectivo Armadillos Sinaloa, fue tajante: “Nosotros no abanderamos colores. El Congreso debe generar políticas públicas para garantizar la identificación y entrega digna de nuestros familiares”.
A pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya afirmó que su administración es la que más ha resuelto casos y anunció la compra de drones para apoyar los rastreos, las madres buscadoras denuncian que el acceso a zonas de fosas clandestinas sigue bloqueado por la inseguridad, dejando cientos de búsquedas en el limbo.
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