Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 10 de junio del 2026.- La dirigencia estatal y la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado presentaron este martes una iniciativa de Reforma Electoral integral, la cual plantea cambios estructurales significativos en el sistema político local, destacando como punto medular la anulación de procesos electorales donde se acredite la influencia del crimen organizado.
La propuesta, encabezada por la dirigente estatal, Daniela Álvarez Hernández, y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez Madrid, junto al diputado Arturo Zubía Fernández, busca actualizar el marco jurídico estatal de cara al ciclo electoral 2026-2027.
El eje central de la iniciativa es establecer la intervención de grupos criminales como causal de nulidad electoral. Según los proponentes, la reforma busca que, ante evidencia de manipulación, presión o participación delictiva en las urnas, los resultados puedan invalidarse.
«Es una de las principales exigencias de la ciudadanía; buscamos sentar un precedente para evitar que la delincuencia influya en la voluntad popular», afirmó Daniela Álvarez Hernández durante la rueda de prensa.
Desde una perspectiva crítica, aunque la medida responde a una demanda social ante la inseguridad regional, analistas advierten que la implementación técnica de esta causal representa un reto mayúsculo. El éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de los órganos electorales y jurisdiccionales para certificar la intervención criminal sin que dicha causal sea utilizada con fines de judicialización política o impugnaciones sistemáticas.
La propuesta incluye también una reducción en la estructura administrativa de los municipios, planteando una disminución de 151 regidurías en todo el estado, lo que representaría un recorte aproximado del 21% de estos cargos en los cabildos.
De acuerdo con Alfredo Chávez Madrid, esta medida tiene como objetivo «hacer más eficientes» los gobiernos municipales y optimizar el ejercicio del gasto público. No obstante, este punto es objeto de debate entre la clase política, ya que mientras algunos sectores apoyan la austeridad, otros sectores señalan que la reducción podría afectar la pluralidad y la representación de las minorías dentro de los ayuntamientos.
Finalmente, la iniciativa busca consolidar mecanismos de paridad de género y acciones afirmativas para grupos vulnerables, homologando la legislación local con las recientes reformas constitucionales federales.
La propuesta del PAN se presenta en un momento clave de la agenda legislativa, donde el debate no solo se centrará en la viabilidad técnica de las reformas, sino también en la lectura política que los partidos de oposición darán a estas reglas, especialmente ante la cercanía de la contienda por la gubernatura.
La iniciativa entrará ahora a su fase de análisis en comisiones del Congreso, donde se espera que sea sometida a una discusión exhaustiva sobre sus alcances, impacto presupuestal y su verdadera eficacia para blindar los procesos democráticos en un entorno de alta complejidad de seguridad.
