
Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad Juárez, Chih., a 1 de octubre del 2026.- La contienda política en el estado de Chihuahua ha dejado atrás los formulismos de la diplomacia partidista para adentrarse en un terreno de confrontación directa y descalificaciones cruzadas. En su reaparición ante los medios tras ser ratificado en la estructura interna de Morena, el coordinador de la Defensa de la 4T en la entidad, Cruz Pérez Cuéllar, fijó una postura de choque frente al Poder Ejecutivo estatal y la administración capitalina, advirtiendo sobre posibles acciones legales y contraatacando con el tema de la inseguridad.
Durante su intervención, el edil con licencia y directivo morenista abordó la intensidad del debate público local, el cual calificó como una «guerra sucia» orientada a desgastar su imagen pública. Al respecto, cuestionó que los señalamientos sobre presuntos nexos con la delincuencia organizada se emitan desde la tribuna institucional sin el debido respaldo probatorio.
«Si la gobernadora dice que cualquier persona, incluido tu servidor, tiene vínculos, tiene que presentar las pruebas y hacerse responsable. Y ese es un tema: si se les pasa la mano los voy a enfrentar legalmente. A mí no me van a acusar de algo que no tiene ningún tipo de sustento», aseveró Pérez Cuéllar.
El señalamiento del coordinador oficialista no se limitó a la contienda de ideas; colocó un límite discursivo en la afectación a su entorno personal y familiar. De acuerdo con su postura, las críticas procedentes del PAN y del gobierno estatal han rebasado los márgenes de la disputa partidista, cayendo en la descalificación sistemática.
Pérez Cuéllar enfatizó que no permitirá que se imputen conductas ilícitas a su núcleo cercano sin una denuncia formal y sustentada. «No se vale que desde el poder estés haciendo señalamientos cuando eres gobierno; tienes que demostrarlo», subrayó, al tiempo que emplazó a sus adversarios a dirimir las acusaciones en las instancias judiciales competentes y no únicamente en el plano mediático.
En un viraje táctico dentro de su discurso, Pérez Cuéllar trasladó el foco de la discusión sobre el crimen organizado hacia la gestión de la capital chihuahuense, encabezada por el alcalde panista Marco Bonilla. Utilizando las cifras de incidencia delictiva, el morenista acusó a la administración municipal de haber perdido el control de la seguridad pública y tildó a Bonilla de ser «el rey de los homicidios en el estado» durante el último mes.
Aunado a la crítica en materia de seguridad, el líder de la 4T en Chihuahua cuestionó la dualidad de funciones de Bonilla Mendoza, a quien reprochó mantener la titularidad del Ayuntamiento capitalino mientras atiende responsabilidades operativas en la estructura electoral del PAN.
«Tiene descuidada la alcaldía pero no quiere soltar el hueso. Es incompatible ser coordinador y seguir en la alcaldía… Si la gobernadora quiere buscar crimen organizado, que voltee a ver a la capital», sentenció.
Las declaraciones de Pérez Cuéllar reflejan la temperatura de una polarización que tiende a agudizarse. Por un lado, la estrategia del bloque oficialista busca neutralizar las narrativas que vinculan a sus cuadros con sectores delictivos exigiendo el rigor del debido proceso e imputaciones legales formales. Por otro lado, la contraofensiva apunta directamente a la principal fortaleza política del PAN —el control de la capital— golpeando la gestión en seguridad e insinuando un descuido administrativo por intereses de ambición política.
Este intercambio de señalamientos adelanta que el debate público en Chihuahua no se centrará únicamente en las plataformas de gobierno, sino en una contienda de desgaste donde la seguridad pública, la legitimidad institucional y la efectividad en el combate al delito serán utilizados como las principales armas de confrontación electoral.






