Por: La Redacción.
Ciudad de México, a 20 de junio de 2026. — La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este sábado que el proceso penal contra dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vinculados a la tragedia de la Guardería ABC, podrá continuar tras un fallo determinante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La máxima instancia judicial determinó que, debido a la naturaleza de los hechos ocurridos hace 17 años y a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, la prescripción de los delitos cometidos contra menores de edad no es procedente en este caso. Esta resolución invalida los argumentos de la defensa, que buscaba el archivo del procedimiento bajo el alegato de que los delitos de homicidio y lesiones culposas no contaban con reglas de imprescriptibilidad.
El proceso se encontraba en una fase de incertidumbre jurídica debido a un amparo indirecto promovido por Sergio Antonio Salazar, uno de los acusados. La defensa sostenía que:
- La acción penal ya había prescrito conforme a las reglas generales del Código Penal Federal.
- Los delitos de homicidio y lesiones culposas no figuraban dentro de las excepciones especiales previstas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Pese a estos argumentos, un Juzgado de Distrito negó inicialmente la protección constitucional, lo que derivó en un recurso de revisión que fue atraído por la SCJN. Los actuales ministros del máximo tribunal ratificaron que, ante violaciones graves a derechos humanos, la justicia no debe verse limitada por tiempos de prescripción.
La Guardería ABC, subrogada por el IMSS, fue el escenario de una tragedia el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Un incendio que se originó en una bodega contigua, perteneciente a la Secretaría de Hacienda estatal, alcanzó las instalaciones del centro infantil.
Las investigaciones posteriores señalaron deficiencias críticas, como el incumplimiento de protocolos de seguridad y el bloqueo de las salidas de emergencia, factores que resultaron determinantes en la pérdida de vidas y las lesiones sufridas por los niños. La decisión de la Corte marca un precedente significativo al priorizar el acceso a la justicia sobre la prescripción en casos donde se vulneran los derechos fundamentales de la niñez.
