Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 1 de julio del 2026.- Tras un periodo de inactividad en la coordinación entre los órganos fiscalizadores, el Auditor Superior del Estado (ASE) de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, suscribió un nuevo convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), representada por su titular, Aureliano Hernández Palacios. Este acuerdo busca reactivar la capacidad de supervisión sobre el total de los fondos federalizados que ejercen los municipios de la entidad.
El documento, firmado en la sede de la ASF en el Ajusco con la presencia de 30 titulares de entidades locales, establece las bases para que tanto la ASF como la ASE puedan auditar de manera conjunta tanto participaciones como aportaciones federales.
Durante la firma, Acosta Félix realizó un señalamiento crítico sobre la gestión del anterior Auditor Superior de la Federación, cuya administración provocó una «desarticulación» al omitir la actualización de los convenios de colaboración. Esta falta de coordinación institucional impidió, durante años, que la ASE de Chihuahua tuviera facultades para revisar las aportaciones federales, limitando la vigilancia sobre recursos destinados a programas específicos.
Por su parte, Hernández Palacios destacó que esta nueva etapa permitirá, en teoría, alcanzar la fiscalización del 100% del gasto municipal, un objetivo que se había visto comprometido por la falta de acuerdos previos.
La importancia de este convenio radica en la naturaleza de los recursos que podrán ser auditados:
- Participaciones federales: Recursos de libre disposición que reciben estados y municipios bajo el convenio de coordinación fiscal.
- Aportaciones federales: Fondos etiquetados para programas específicos acordados con la Federación, cuya revisión estaba bloqueada para la ASE local hasta el día de ayer.
El propósito final de esta reestructuración, según lo informado por los órganos fiscalizadores, es garantizar la regularidad en el ejercicio del presupuesto público. Sin embargo, la efectividad de este convenio dependerá de la voluntad política y la capacidad operativa para implementar las auditorías conjuntas de manera transparente y constante, superando el rezago institucional provocado por la administración anterior.
