
Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 20 de agosto del 2026.- La reciente participación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un foro internacional organizado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Argentina destapó un nuevo capítulo de tensiones discursivas entre ambos países. Mientras el organismo estadounidense reconoció la trayectoria y el perfil de colaboración del funcionario mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió un evidente doble discurso institucional.
Durante su intervención en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), el director de la DEA calificó a García Harfuch como un «socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos», destacando su experiencia de casi dos décadas en el servicio público y su disposición para compartir inteligencia.
Sin embargo, para el Gobierno de México este reconocimiento contrasta fuertemente con las recurrentes acusaciones y señalamientos que la propia agencia estadounidense emite respecto a supuestos nexos entre funcionarios mexicanos y el narcotráfico. Ante este panorama, la mandataria federal cuestionó las posturas divergentes del organismo extranjero, sintetizándolo en la paradoja de que mientras se elogia la labor operativa de un mando, se mantienen descalificaciones globales hacia la administración pública del país.
Frente a este escenario, el Ejecutivo federal aprovechó para trazar la línea bajo la cual se conduce la política de seguridad nacional. Sheinbaum recordó que la relación bilateral no está sujeta a subordinación y se rige estrictamente por cuatro principios rectores:
- La defensa irrestricta de la soberanía nacional.
- Una cooperación basada en la responsabilidad compartida.
- Canales de comunicación sustentados en el respeto mutuo y la confianza.
- Reglas claras y acotadas para la actuación de agentes extranjeros en territorio mexicano, un esquema endurecido tras los antecedentes de pasadas administraciones y episodios de fricción diplomática.
La postura de la administración federal pone sobre la mesa una crítica necesaria sobre los dobles raseros en la geopolítica de seguridad entre México y Estados Unidos. Si bien la participación de García Harfuch en foros internacionales busca proyectar resultados tangibles en el combate al crimen organizado y desarticular narrativas opositoras sobre la falta de interlocución, el posicionamiento presidencial evidencia que la confianza bilateral sigue siendo un terreno minado por la desconfianza institucional y los discursos políticos encontrados.
La exigencia del Estado mexicano se mantiene firme: coordinar esfuerzos operativos contra las redes criminales transnacionales, pero bajo un estricto respeto a las leyes nacionales y a la autonomía del país, exigiendo a las agencias extranjeras congruencia y corresponsabilidad real.






