Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre del 2026.- El proceso de consulta pública federal correspondiente al polémico proyecto inmobiliario «Fraccionamiento Hacienda de Encinillas y Reserva Macrolotes Futuros» se encuentra legalmente suspendido debido a la omisión del promovente en los plazos establecidos por la normatividad ambiental.
Cabe destacar que el promovente de este proyecto inmobiliario es la empresa Materiales Industriales de Chihuahua, S.A. de C.V., figura jurídica que en el ámbito legal y ambiental se refiere a la entidad o persona encargada de solicitar formalmente los permisos ante la autoridad; sin embargo, al ser la responsable de cumplir con las obligaciones procesales —como la publicación del extracto en un periódico local en un plazo de cinco días—, su propia omisión provocó que la SEMARNAT frenara en automático la consulta pública.
La obra, impulsada por la empresa Materiales Industriales de Chihuahua, S.A. de C.V., pretende urbanizar 76.85 hectáreas para la habilitación de 1,591 lotes habitacionales en la vulnerable zona del Cañón del Marro, un ecosistema de vital importancia ecológicas para la región que colinda con el acuífero Sauz-Encinillas.
De acuerdo con la documentación oficial de la Oficina de Representación de la SEMARNAT en Chihuahua —firmada por el titular Hever Quezada Flores—, el periodo de consulta pública se había fijado inicialmente del 15 de septiembre al 13 de octubre de 2026 bajo la clave 08CI2026ID051. Sin embargo, el procedimiento topó con un muro jurídico de carácter administrativo.
Conforme al artículo 41 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, el promovente tenía un plazo improrrogable de cinco días posteriores a la notificación para publicar, a su costa, un extracto del proyecto en un periódico de amplia circulación estatal. Al cumplirse el plazo límite sin que la empresa acreditara dicha publicación, el procedimiento quedó suspendido de pleno derecho.
Organizaciones civiles, agrupadas bajo el colectivo Salvemos los Cerros, denunciaron públicamente el estancamiento del proceso y advirtieron que cualquier intento de avanzar en la fase de observaciones carece de validez jurídica en tanto el promovente no regularice su situación legal.
“La suspensión de este procedimiento no es un tecnicismo: es la única garantía de que la evaluación de un proyecto que afectaría el acuífero Sauz-Encinillas y el ecosistema del Cañón del Marro se realice con la participación informada de la ciudadanía”, señalaron a través de un posicionamiento público, exigiendo a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT que aperciba a la empresa y, de persistir el incumplimiento, se inicie el procedimiento para declarar la caducidad del trámite fundamentado en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
El freno temporal a este megaproyecto vuelve a colocar en el centro del debate la presión inmobiliaria sobre los recursos hídricos y naturales de Chihuahua, evidenciando las fallas de los promoventes en cumplir con los estándares mínimos de transparencia y legalidad exigidos por la ley ambiental federal.
