Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Ciudad Juárez, Chih., a 10 de septiembre del 2026.– Entre discursos triunfalistas, invitados especiales procedentes principalmente de los Estados Unidos —con la notable ausencia de funcionarios federales cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— y una ostentosa parafernalia oficial integrada por todo su gabinete, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, encabezó la inauguración de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, un proyecto presentado como el «cerebro tecnológico» llamado a transformar la seguridad pública en la entidad.
Sin embargo, el escaparate institucional diseñado para presumir un «avance histórico» choca de frente con la realidad y con los cuestionamientos sobre el destino de los recursos. La obra faraónica de 20 pisos —construida en la opacidad, con retrasos de dos años y ocho meses respecto a la fecha original de conclusión en enero de 2024, y donde incluso se ha ofrecido un piso para la operación de agencias extranjeras— esconde un modelo de corrupción y contratos millonarios.
A través de una adjudicación directa, la administración estatal otorgó 4,710 millones de pesos a Seguritech Privada S.A. de C.V., una empresa con antecedentes en otros estados por cobrar equipos con sobrecosto y señalarse por el pago de «moches» a funcionarios. A este despilfarro se suman contratos plurianuales multimillonarios otorgados a empresas del centro del país por servicios de videovigilancia, renta de patrullas, dos helicópteros, vigilancia y limpieza de edificios, además de los 40 millones de pesos que Campos Galván destinó en publicidad para maquillar una plataforma que ni siquiera está terminada, pues aún faltan por instalar dos subcentros Centinela en Nuevo Casas Grandes y en Guadalupe y Calvo.
@chihuahuaminutoaminuto ¡Más de 4 mil millones tirados a la basura y las cámaras de Centinela de adorno! 🚨 ¿De qué sirve una inversión multimillonaria si a los jóvenes se los llevan literalmente en las narices de las supuestas cámaras de la Plataforma Centinela, muchas de ellas totalmente inservibles? Mientras la propaganda oficial presume una modernidad tecnológica que solo existe en sus spots, la realidad en las calles de Chihuahua es trágica y cínica. Madres y familiares de desaparecidos tuvieron que marchar y protestar hoy frente a un Palacio de Gobierno convertido en fortaleza, resguardado por guardias con miedo a dar la cara. El reclamo fue lapidario frente a una simulación que ya no se puede ocultar. ¿Cómo pedirle resultados al titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, si anda más ocupado en su precampaña y proyectos políticos personales que en frenar la impunidad? Mientras mandatarios de sexenios pasados salían a dar la cara, hoy Maru Campos prefiere el encierro y la indiferencia ante un Estado completamente rebasado por el dolor de las familias que buscan a los suyos. ¡La indolencia tiene nombre y apellido! ¿Hasta cuándo van a seguir protegiendo a los inútiles del gabinete mientras Chihuahua se desangra? 👇🏼💬 #Noticias #DerechosHumanos #MadresBuscadoras #PlataformaCentinela #desaparecidos #Chihuahua #reclamos #MaruCampos
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Mientras el Ejecutivo estatal engalana sus informes con aplausos y promesas de conectividad, en las calles el panorama es drásticamente distinto. Madres y familiares de personas desaparecidas han externado su indignación y reclamo constante: frente a las cámaras de la Plataforma Centinela las personas siguen desapareciendo, evidenciando la nula eficacia de un sistema tecnológico que costó una fortuna pero no sirve para dar con el paradero de sus seres queridos.
Los datos oficiales confirman el fracaso. En cinco años, de septiembre de 2021 a agosto de 2026, se han cometido 9,568 homicidios dolosos en Chihuahua, periodo en el que la gobernadora ha destinado un presupuesto acumulado de 23,250 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública sin que se refleje en resultados tangibles.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad pasó del sexto lugar nacional en homicidios dolosos en 2022 al segundo lugar en 2025, manteniéndose en 2026 entre los tres estados más violentos del país (en agosto ocupó la tercera posición, solo por debajo de Guanajuato y Baja California), además de posicionarse en el sexto lugar nacional en violencia feminicida.
Este retroceso contrasta fuertemente con la estrategia federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual ha logrado una reducción promedio del 53% en homicidios dolosos a nivel nacional —con casos como San Luis Potosí bajando un 80%—, mientras que en Chihuahua la disminución apenas alcanza el 22%, lastrada por el desinterés de una mandataria estatal que falta con frecuencia a las Mesas de Seguridad de coordinación con el Gobierno federal.
Al final, la Plataforma Centinela prometió disminuir el delito hasta un 90%, pero los resultados demuestran lo contrario solo se disminuyo un 20% la violencia. La falta de acciones efectivas contra la violencia y el malgasto de 4,710 millones de pesos dejan en evidencia que la administración de Campos Galván no garantiza la seguridad de los chihuahuenses, apostando por la publicidad para maquillar una estrategia fallida mientras la tragedia y la impunidad continúan recorriendo el estado.
