Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 13 de noviembre del 2026.- Expulsadas de sus comunidades por la violencia ligada al trasiego global de drogas, cientos de familias de la Sierra Tarahumara enfrentan hoy una segunda forma de despojo en las ciudades receptoras: la negación de su derecho a una vivienda digna y el trato como «ciudadanos de segunda» por parte de los tres niveles de gobierno. Así lo denunció Víctor Quintana Silveyra, representante de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), al exponer la crisis humanitaria que atraviesan las poblaciones desplazadas en municipios como Parral, Delicias, Aldama y Cuauhtémoc.
Durante su intervención, el activista subrayó que el desplazamiento forzado en el norte de México no debe analizarse como un fenómeno aislado, sino como la consecuencia local y violenta de una cadena global de consumo de estupefacientes. Sin embargo, al huir de sus lugares de origen para salvar la vida, las víctimas se topan con una barrera institucional que les impide reconstruir su patrimonio.
El diagnóstico expuesto por COSYDDHAC —organización pionera en la defensa de los derechos humanos en el estado de Chihuahua desde 1988— revela condiciones de extrema precariedad en distintos puntos del estado:
- Aldama y Delicias: Familias desplazadas de Guadalupe y Calvo sobreviven en una bodega en Aldama, mientras que otras provenientes de la comunidad de La Sierrita permanecen hacinadas en vecindades precarias en Delicias.
- Hidalgo del Parral: Personas desplazadas de Guadalupe y Calvo, así como de municipios vecinos de Durango y Sinaloa (Tamazula y Badiraguato), carecen de techo propio frente a la existencia de fraccionamientos con viviendas abandonadas que el Gobierno del Estado no logró subastar.
- Cuauhtémoc: Alrededor de 220 familias originarias de Uruachi y Moris han tocado puertas en instancias municipales, estatales y federales sin obtener soluciones acordes a su realidad cultural, llegando incluso a recibir propuestas federales de departamentos de 60 metros cuadrados en edificios de cuatro niveles, rechazados por las familias acostumbradas a la vida rural en la sierra.
Para Quintana Silveyra, el núcleo del problema radica en un vacío legal que deja a las víctimas en la indefensión que sirve de pretexto a los funcionarios para evadir su responsabilidad. Según señaló, las autoridades locales suelen negar apoyos de vivienda argumentando temor a observaciones administrativas de las contralorías bajo el pretexto de que los solicitantes «no son originarios del municipio».
Esta omisión institucional contrasta con el manejo de la reserva territorial pública. Como ejemplo crítico, el activista expuso el caso de un fraccionamiento de Pensiones Civiles en Cuauhtémoc que permaneció 15 años desocupado: sus 166 viviendas fueron subastadas por el Gobierno del Estado en 45 millones de pesos —a un costo promedio de 266 mil pesos por casa para el comprador—, las cuales hoy se revenden en el mercado inmobiliario en un mínimo de 800 mil pesos.
Ante la falta de respuesta, las familias desplazadas de Moris y Uruachi recurrieron la semana pasada a la ocupación pacífica de dicho fraccionamiento en Cuauhtémoc para resguardarse. La respuesta inicial fue el desalojo por parte de la Policía Municipal, una acción calificada por el defensor como violatoria de la ley y de los derechos humanos.
No obstante, la presión social obligó finalmente a la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) a establecer un compromiso para entregar lotes con servicios y apoyos en materiales de construcción.
Para COSYDDHAC, este acuerdo representa apenas una excepción arrancada mediante la movilización directa y evidencia una deuda histórica: mientras las autoridades municipales cuestionan el arraigo de los desplazados en una ciudad históricamente forjada por la migración, el Estado mexicano sigue sin garantizar una legislación y políticas públicas efectivas que devuelvan a estas familias su derecho pleno a la ciudad y a una vida libre de violencia.
